El abogado Ricardo De Lorenzo subraya que lo que debe prevalecer es el principio consagrado de “interés superior” de la niña



02 oct 2015. 11.35H
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Ricardo Martínez Platel. Madrid
El caso de padres de una niña de 12 años con una enfermedad irreversible, que han pedido que no se alargue artificialmente la vida de su hija, ha vuelto reabrir el debate de la muerte digna. El Hospital Clínico de Compostela, donde se encuentra la menor, se opone a la decisión de los progenitores y espera que el juez se pronuncie.

Ricardo De Lorenzo.

Según ha explicado Ricardo De Lorenzo, socio-director de De Lorenzo Abogados, a Redacción Médica, el supuesto que se contempla aparece recogido en la normativa autonómica, por lo que los padres pueden recurrir a la Fiscalía para que se aplique la ley. Además, el letrado esgrime que lo que debe prevalecer es el  principio consagrado “interés superior del menor”,  aprobado en Ley de Protección de la Infancia.

Por eso, De Lorenzo reconoce que le sorprendería que el juez emitiera una decisión “contraria a una norma consensuada en el Parlamento gallego  y  a una ley estatal cuyo objetivo es garantizar la especial protección del menor de modo uniforme en todas las autonomías”.

El Servicio de Pediatría solicitó el informe del Comité de Ética de la Gerencia de Santiago, que se mostró a favor de la tesis que defiende los padres, al amparo de lo que recoge la reciente ley autonómica sobre derechos de pacientes terminales sin eutanasia, que en su artículo diez afirma que “toda persona que padezca una enfermedad irreversible, incurable y se encuentre en estado terminal, tiene derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos, de hidratación y alimentación y de reanimación artificial cuando sean desproporcionados, cuando prolonguen innecesariamente la agonía o cuando mantengan la vida de forma penosa, gravosa y artificial”. Y en su 13, señala que  “serán los padres quienes decidan las medidas cuando el enfermo sea menor de edad”.

El gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, Luis Verde, ha defendido al equipo de pediatras que denegó la petición de los progenitores. Ha asegurado que no existe “obstinación ni ensañamiento terapéutico” con la menor, y que de hecho “ya se está practicando una limitación del esfuerzo” del tratamiento. Pero para solventar las dudas, el hospital volverá a someterse a la opinión del juez, con el que ya se consultó a principios del verano.

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