El lado negativo de esta medida fue un incremento en el empobrecimiento de las familias



21 jun. 2015 12:43H
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Redacción. Madrid
Los cambios en el método de copago en la atención a la dependencia permitieron ahorrar a las administraciones públicas una cifra que oscila entre los 2.000 y 3.000 millones de euros.

Así se desprende de los primeros datos sobre su aplicación, recopilados por Raúl del Pozo, profesor de Ciencias Sociales en la Universidad de Castilla-La Mancha y experto en el análisis de la dependencia.

Raúl del Pozo, profesor universitario, ha dirigido este estudio sobre la dependencia.

El estudio se ha divulgado en las XXXV Jornadas de Economía de la Salud que se han desarrollado esta semana en Granada, organizadas por la Asociación de Economía de la Salud en colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública y la Universidad de Granada.

Como explica este profesor, el Real Decreto 20/2012 del Gobierno central que estableció distintas medidas de control del gasto sanitario y la Resolución del 13 de julio de 2012 supusieron, en la práctica, una “modificación estructural” de la Ley de Dependencia.

Entre las medidas se incluyó una nueva definición del copago (que implica el pago por parte de los usuarios de los servicios), por medio de la cual el coste de las prestaciones ascendió en aproximadamente un 50 por ciento, representando entre un 30 y un 70 por ciento de los ingresos de los hogares.

La consecuencia de esta medida fue un ahorro económico tanto para el Estado como para los Gobiernos autonómicos que Del Pozo, en base a los primeros datos disponibles, cifra entre 2.000 y 3.000 millones de euros.

Esta medida también tuvo como consecuencia un incremento en el empobrecimiento de las familias de entre un 17 y un 20 por ciento, como consecuencia del impacto sobre sus ingresos de los gastos que tuvieron que asumir a partir de entonces.

Así, antes de este modelo de copago en la dependencia las familias españolas en riesgo de empobrecimiento estaban en un 40 por ciento, y después se elevaron hasta aproximadamente un 65 por ciento, en un aumento que se relaciona directamente con el aumento de los costes por la dependencia.

Aplicación desigual en las CCAA

Una prestación que, según señala otro estudio de Raúl del Pozo,  ha tenido una desigualdad aplicación en las comunidades autónomas, desde sus inicios.

Los niveles y características de la atención han variado en función de criterios como la renta de las comunidades y su deuda pública, o factores demográficos (como una mayor proporción de personas mayores o una densidad de población), entre otros.

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