Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. / Imagen de Rober Solsona / Europa Press
Ciencia diseña un modelo único para unificar la evaluación ética en la investigación sanitaria
El departamento gubernamental avanza hacia la regulación de los Comités de Ética que intervienen en el sistema científico y crea el Registro Nacional de órganos garantes de la investigación responsable.
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No todo vale en investigación. El valor de los proyectos no depende únicamente de sus resultados. Estos también tienen que ser compatibles con el respeto de los derechos fundamentales, la dignidad y la autonomía de las personas, la igualdad y la no discriminación o la privacidad. En este sentido, la evaluación ética se entrevé fundamental para garantizar la aceptabilidad de las iniciativas, la adecuación de sus procedimientos metodológicos o la proporcionalidad de sus riesgos y beneficios, especialmente en un entorno alterado por la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) y otros sistemas de tratamiento automatizado de datos. Por ello, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades pretende reforzar este análisis.
El departamento gubernamental propone la elaboración de un Real Decreto por el que se establece la regulación básica de los Comités de Ética de la Investigación en el sistema científico español. La norma buscará fomentar la homogeneización de los distintos mecanismos de evaluación ética implantados por universidades u organismos públicos de investigación. Entre estos, las facultades de Ciencias de la Salud o el Instituto de Salud Carlos III.
De esta forma, el proyecto de Real Decreto apuesta por el establecimiento de una regulación básica común para la creación, composición, funcionamiento -incluida la distinción entre evaluación completa, simplificada y los supuestos de exención- y acreditación de los Comités de Ética. Asimismo, este marco legal garantizará la independencia, imparcialidad, composición interdisciplinar y adecuada gestión de los conflictos de interés de este tipo de organismos.
Además, el texto legal avanzará hacia la transparencia, la trazabilidad de las evaluaciones y la cooperación entre comités. También establecerá un mecanismo de acreditación para la verificación de estos organismos.
En relación con el uso de las nuevas tecnologías, esta herramienta legal reforzará la protección de los derechos, la dignidad, la autonomía, la intimidad, la seguridad y el bienestar de las personas que participen directa o indirectamente en investigaciones. Precisamente, fijará un régimen de evaluación de los riesgos éticos relativos al tratamiento de datos personales a partir de la IA.
Biblioteca de evaluadores
Más allá de sus competencias, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades también fomentará la anotación de las entidades dedicadas a la labor evaluadora. Por ello, se creará el Registro Nacional de órganos garantes de la investigación responsable. Esta entidad tendrá alcance estatal, aunque la incorporación de instituciones dependerá de su propia decisión. Además, el texto incluirá las condiciones y el procedimiento para la inscripción de los órganos interesados.
La propuesta de la entidad encabezada por Diana Morant abre un periodo de participación pública para la valoración del proyecto. Los organismos interesados tendrán la opción de presentar alegaciones entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre.
