La reforma divide al Consejo antes de su inicio
Sánchez Rubio, Blanco y Mendoza explican que la modificación de la norma abre la puerta a que los profesionales sanitarios vuelvan a padecer inseguridad jurídica
Cristina Alcalá / Jesús Vicioso / Imagen: Pablo Eguizábal. Toledo
El debate sobre la reforma de la ley del aborto ha tensado las reuniones del primer Consejo Interterritorial de 2014, que se celebra este miércoles en Toledo. La decisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, de introducir este informe en el último momento ha provocado el rechazo de tres de las principales comunidades ‘díscolas’: Asturias, Canarias y Andalucía, que denuncian el peligro que supone esta reforma para la mujer y para los profesionales sanitarios. Un planteamiento que no comparte el consejero manchego José Ignacio Echániz, quien cree que “mejorará la capacidad de la objeción de conciencia” y supondrá “una enorme satisfacción” de los trabajadores de la salud.
Al encuentro con la ministra de Sanidad y la secretaria general del Ministerio, Pilar Farjas, no ha faltado ninguno de los 17 consejeros autonómicos, donde no solo se debatirá sobre el impacto de la nueva ley del aborto, sino que hablará de la posibilidad de reconocer al personal sanitario como autoridad pública ante posibles agresiones. Precisamente éste será otro de los temas de la reunión, donde se abordará el estudio de ámbito nacional de agresiones a profesionales sanitarios.
En el encuentro entre las máximas autoridades sanitarias del país se ratificarán tres proyectos de Real Decreto (sobre equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutarios de los servicios de salud, diplomas de Acreditación y Acreditación Avanzada, y la acreditación de Institutos de Investigación Sanitaria), además de cinco órdenes ministeriales (la creación de una red nacional de vigilancia epidemiológica, un programa marco sobre trasplantes, la actualización de la cartera común básica de servicios, la gestión del Fondo de Cohesión sanitaria y las normas de calidad y seguridad para la distribución de células y tejidos humanos).
El CI de Toledo dará luz verde a varios acuerdos en relación a talonarios de recetas oficiales de estupefacientes o reducir el riesgo de resistencia a antibióticos; actualizar las estrategias de las Enfermedades Raras y EPOC; mejorar el abordaje de dolor y los cuidados paliativos pediátricos, y la fragilidad y las caídas de mayores.
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Tres de las autonomías ‘díscolas’
Momentos previos a la reunión interterritorial, los consejeros de Andalucía, Asturias y Canarias han criticado al Gobierno por buscar apoyo en el CI para dar forma sanitaria a la reforma de la ley del aborto.
Para la titular de Sanidad del Gobierno andaluz, María José Sánchez Rubio, la propuesta de la nueva ley “vulnera la capacidad de decisión de la mujer y es un riesgo para la salud”, alegando además el peligro al que se exponen los profesionales sanitarios en materia de seguridad jurídica.
Su homólogo asturiano, Faustino Blanco, destaca la lesividad de la norma impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, un planteamiento que también comparte la consejera de Canarias, Brígida Mendoza, ya que a su juicio la decisión de abortar “debe ser tomada por la mujer afectada junto a los profesionales”, además de que la nueva norma "puede llevar a muchas mujeres a una clandestinidad para abortar como se daba hace 30 años, algo que ya estaba superado".
Un planteamiento que no comparte Echániz, que rechaza que la decisión de incluir este debate en el último momento fuese una “frivolidad” y destaca su “obligado cumplimiento”.
La vacuna de la varicela “no está en debate”
En cuanto a una de las principales polémicas sanitarias de la actualidad, la del bloqueo de la vacuna de la varicela, Echániz ha quitado hierro al asunto, hasta el punto de decir que “no hay ninguna cuestión que esté en debate”. “Fueron expertos, con el respaldo de la autoridad sanitaria nacional, quienes dijeron qué vacunas y en qué momento se tenían que poner”, ha expresado el consejero castellanomanchego.
En relación con las posturas políticas divergentes que han aparecido en las últimas semanas, Echániz se ha posicionado en “la de la mayoría de las comunidades”. “En cualquier decisión de carácter técnico o político que se adopte siempre hay personas o grupos que puedan tener una posición discordante. Pero la autoridad sanitaria que tiene la responsabilidad por si pasa algo, quien tiene que dar la cara y quien tiene que asumir las decisiones en temas epidemiológicos es el Ministerio de Sanidad y su Comisión de Salud Pública. Y lo ha hecho y con rigor y sentido común”, ha manifestado.
“La cuestión es que frente a padres que puedan tener determinadas opiniones fruto de que a veces alguien les cuenta una cuestión o que un vecino les da un consejo de muy buena fe, hay una institución pública que vela por la salud pública de los ciudadanos”, ha dicho el consejero del Gobierno de María Dolores de Cospedal. También ha asegurado que los datos epidemiológicos de inmunización de la población española “son muy buenos”.
