Oficina Europea de Estadística (Eurostat)
España, ante el fin del modelo voluntario: la UE exigirá por ley los datos de enfermedades profesionales
El informe final de Eurostat pide dejar atrás el sistema provisional y fijar un estándar común de obligado cumplimiento
La Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) ha presentado las conclusiones finales de su proyecto piloto de Estadísticas Europeas de Enfermedades Profesionales (EODS), realizado de 2017 a 2025 cuyo propósito principal es recolectar datos e indicadores a nivel de la Unión Europea sobre las enfermedades profesionales reconocidas por los Estados miembros.
A través de estas estadísticas se ha llegado a la conclusión de que la transmisión voluntaria de información es insuficiente para consolidar un mapa de riesgos real en la Unión y, por lo tanto, de que ha llegado el momento de llevar a cabo una estructura formalizada y obligatoria por ley.
Este cambio de paradigma sitúa a España ante un escenario decisivo. Aunque la administración española ha participado de forma muy activa en la fase piloto (aportando datos de la serie 2013-2022), el paso a un marco regulatorio estricto ha obligado al país a consolidar sus fortalezas administrativas y, sobre todo, a resolver algunos problemas que se han ido produciendo a lo largo del tiempo en cuanto a la recogida de información del empleo público y de las exposiciones de riesgo.
Por qué la UE abandona la vía voluntaria
Desde que arrancó el proyecto piloto en 2017, la recopilación de datos se ha basado en la buena voluntad de los países participantes. Aunque el marco legal de base, el Reglamento (CE) n.º 1338/2008, contemplaba la capacidad de exigir estos indicadores por norma vinculante, la Comisión Europea prefirió dar margen a las naciones para adaptar sus sistemas.
Sin embargo, el informe final de Eurostat demuestra algunos fallos en este modelo de información como los bloqueos por retrasos que impiden publicar las cifras agregadas europeas a tiempo, la disparidad de formatos entre estados y la falta de soporte para la ley comunitaria.
Por todo ello, Eurostat plantea en el documento integrar definitivamente las Estadísticas de Enfermedades Profesionales dentro de la producción regular del Sistema Estadístico Europeo (ESS), convirtiendo la transmisión de pequeños datos en un mandato jurídico estricto.
Los cambios que España debe hacer
En el balance de Eurostat, España figura en el grupo de países cumplidores en plazos (on-time submitters, en el documento). Según narra el informe, el engranaje español para canalizar las patologías de origen laboral a través de la Seguridad Social y las Mutuas, mediante la plataforma informática Cepross, permite disponer de registros centralizados y bien estructurados. A diferencia de otros socios europeos se muestra que España es un país que sí ha podido aportar pequeños datos individuales con variables clave como sexo, edad o sector de actividad.
Sin embargo, la obligatoriedad legal que promueve Bruselas retrata de forma directa las asignaturas pendientes del modelo español. Por un lado, el informe europeo señala explícitamente a España entre los países donde la información sobre la Administración Pública, la defensa y la Seguridad Social obligatoria solo se cubre de forma parcial. La fragmentación de regímenes de protección entre personal funcionario y laboral dificulta la notificación homogénea, un vacío que España deberá corregir por ley para ofrecer una cobertura del 100%.
Por otro lado, el nuevo marco estándar exigirá detallar con máxima finura el motivo concreto que originó la enfermedad. En España, la trazabilidad del agente desencadenante sigue presentando lagunas, especialmente en dolencias de larga latencia como los cánceres de origen profesional.
Qué supondrá la estructura obligatoria para la gestión española
El paso de la colaboración voluntaria a la ley obligatoria hará que España tenga que consolidar su sistema de notificación bajo tres compromisos jurídicos infranqueables:
Cumplimiento estricto de plazos: Garantizar la transmisión dentro del límite fijado (orientado a los 18 meses tras el cierre del año natural).
Integridad total de variables: Enviar obligatoriamente las 11 variables individuales del registro por cada caso reconocido, sin opción a omitir datos de ocupación o causa.
Extensión a todos los regímenes: Asegurar la captura de datos en todos los sectores económicos y categorías de empleo, garantizando que el sector público quede plenamente integrado.
En definitiva, la propuesta de Eurostat de convertir la transmisión voluntaria en un mandato regulatorio no busca fiscalizar a los países, sino dotar a la Unión Europea de una herramienta estadística precisa para proteger la salud laboral. Para España, el salto a la obligatoriedad representará la oportunidad definitiva para cerrar las brechas de información en la Administración Pública y consolidar el sistema informático de la Seguridad Social como un referente de trazabilidad preventiva en el mercado único.
