12 dic 2018 | Actualizado: 17:35
Vie 23 octubre de 2015. 18.46H
Editorial
El programa de viajes del Imserso, uno de los contratos más importantes de adjudicación gubernamental, se encuentra atascado en un conflicto impredecible que, de un lado, está afectando a un millón de pensionistas que viajan año a año a los más diversos lugares de la geografía patria en unas merecidas condiciones ventajosas. Y de otro, se ha convertido en un problema más que está afectando al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en esta recta final de la legislatura en la que, ante la proximidad de las elecciones, cualquier mínimo error político se puede pagar ampliamente en las urnas.

En el centro de las críticas, como ha contado Redacción Médica, el Ministerio de Hacienda. Otra vez el departamento que dirige Cristóbal Montoro, viejo conocido –y temido- en las más diversas instancias sanitarias, vuelve a interferir en un servicio que, hasta hoy, se venía adjudicando y prestando con absoluta legalidad y a plena satisfacción de los clientes. Con su sempiterna búsqueda del ahorro a toda costa, Hacienda ha decidido intervenir, a través del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en el acuerdo inicial adoptado por el Imserso, a través de su comisión técnica. Y su actuación, errática y desproporcionada, solo ha servido para poner en peligro el inicio del programa en sus meses más demandados, principalmente octubre y noviembre.

A Hacienda solo parece importarle el dinero, cuando en apenas tres días arruina el trabajo de meses de los técnicos del Imserso, apoyándose en criterios exclusivamente económicos para dar un vuelco a la adjudicación inicial. Por arte de birlibirloque, el citado tribunal administrativo optó por anular la adjudicación del concurso, permitiéndose además el lujo de indicar a los técnicos expertos como deben valorar, bajo unos criterios que parecen buscar únicamente favorecer en el concurso a la unión de empresas de reciente creación y sin experiencia (Mundiplan), y obviando las muchas razones que llevaron al Imserso a seguir confiando en Mundosenior, formada por Globalia y Barceló, que lleva 25 años ligada al programa de viajes para jubilados.

Por el camino se han quedado los argumentos técnicos, que valoraban las cualidades de Mundosenior, en requisitos tan esenciales como la acreditación de su agencia de viajes, la disposición de infraestructuras mínimas para la atención de los clientes y el establecimiento de pautas y reglas en la prestación del servicio, sistemáticamente incumplidas por la UTE rival, que más parece asemejarse a una unión oportunista de empresas que a lo que efectivamente piden los pliegos de un contrato tan importante.

Si preocupante es la desautorización de un organismo querido y respetado, en la sanidad y en toda la sociedad española, como es el Imserso, que a juzgar por las decisiones de Hacienda no dominaría una de sus más irrenunciables competencias, más aún lo es el futuro que le aguarda al programa de viajes y las circunstancias en las que los jubilados se van a aventurar (nunca mejor dicho) a hacer sus maletas. Si finalmente el tribunal mantiene su decisión de repartir el contrato entre las dos UTE, en una suerte de cambalache chapucero e inaceptable, muchos mayores van a sufrir en sus carnes las consecuencias de un servicio mal otorgado y peor prestado, en el que los impropios horarios de los vuelos o de las comidas serán solo la punta de un iceberg definitivamente resquebrajado.

Las posiciones de las partes en conflicto parecen tan claras como indeterminada e increíblemente tibia está resultando la actitud del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que tiene en el Imserso a uno de sus más significados organismos. Sin embargo, durante semanas, el Instituto y sus profesionales han tenido que defender en solitario su honorabilidad y buen hacer, sin recibir el apoyo de ningún alto cargo ministerial. Solo en los últimos días, el mismísimo ministro Alonso en persona ha intentado intervenir, con intención de mediar entre las partes, sin demasiado éxito y cuando ya parece demasiado tarde para una gestión de ese tipo.

Es evidente que al Ministerio de Sanidad le ha faltado la determinación que sí ha tenido Hacienda para intervenir en un asunto que no es de su competencia. Puede que esa inhibición, tan evidente como difícil de explicar, oculte un posicionamiento muy determinado con fines espurios que, hoy por hoy, no podemos asegurar, aunque sí intuir.