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24 mar. 2014 10:32H
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A raíz del primer caso de venta de órganos detectado en España, me gustaría hacer algunos comentarios al respecto:

En primer lugar, entiendo la impaciencia del paciente por llegar al órgano que le puede salvar la vida y encuentro la tentativa humanamente razonable, que no lícita, dentro de sus posibilidades económicas. Digo razonable, pero no deseable, ya que el criterio económico entra en manifiesta contradicción con el carácter altruista de la donación de órganos, puesto en práctica en nuestro país que, conjuntamente con la transparencia en la gestión, hacen que sea y, que considero, la mejor del mundo. Pero, como digo siempre, el tiempo de espera es lo que hace realmente dramático cualquier trasplante de órganos para el paciente. En mi caso particular, fueron 45 días que pusieron a prueba mi capacidad de razonamiento y mi tolerancia frente a el sistema de salud, amén de infringir un sufrimiento continuo a mi familia que me veía deteriorar poco a poco.

En segundo lugar, es necesario destacar, una vez más, la eficacia y la discreción del sistema que ha conseguido la resolución del caso de forma satisfactoria, incluso para el paciente infractor, que pasará a disposición judicial, lo que demuestra el valor que desde el exterior se atribuye, no de forma gratuita, a la ONT y su director Rafael Matesanz.

Y en tercer lugar, y quizás este sea el motivo de esta perorata, me gustaría destacar un criterio muy traído a colación en los últimos foros a los que, por razón de mi cargo, vengo asistiendo últimamente. Me refiero a la seguridad del paciente. En algunas de estas intervenciones he oído decir que es necesario hacer llegar a los pacientes, el conocimiento de los sucesos que pueden alterar su seguridad. Pretendo pues, desde esta tribuna de amplia difusión, hacer un llamamiento a los pacientes en espera de un órgano para trasplante y a todos aquellos que puedan estarlo en un futuro próximo, dispongan o no de recursos económicos, que tengan conocimiento de este hecho, por ser el primer intento desarticulado, en nuestro país, de tráfico de órganos.

Quiero recalcar que no solamente los criterios de orden legal y económico interfieren en la realización de malas prácticas de salud, hay que tener en cuenta el criterio, para mí novedoso, de la seguridad de los pacientes.

Emilio Bautista Soto, presidente de la Federación Española de Trasplantados de Corazón (Fetco)

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