Por José Ignacio Echániz, secretario nacional de Sanidad y Asuntos Sociales del PP
Hay pocos aspectos de la política de medicamentos tan relevantes como la compra de medicamentos hospitalarios. Durante las dos legislaturas anteriores, en las que el diputado Martínez Olmos tuvo la responsabilidad directa en esta política, el gasto por este concepto creció ininterrumpidamente en dos dígitos, hasta el punto de convertirse en una auténtica pesadilla para los responsables de los hospitales del sistema de salud.
El desbocado crecimiento de este capítulo del gasto sanitario se debió a la política de precios opaca practicada por los anteriores responsables del Ministerio de Sanidad, política que difícilmente podían contrarrestar unos servicios de salud que debían gestionar sus compras a proveedores titulares en exclusiva de las últimas novedades terapéuticas.
Acompañando a esta política de precios, el apagón informativo sobre el gasto de medicamentos hospitalarios permitió que el irracional crecimiento de esta partida pasase desapercibida y no encontrase el lugar en la agenda política que le correspondía. De nada sirvió que la estadística de gasto en medicamentos hospitalarios fuera declarada de interés estatal e incluida en el Plan Estadístico Nacional. Solo la intervención puntual de la Intervención General del Estado arrojó, para un ejercicio, algo de luz en este espacio de los presupuestos sanitarios tan relevante.
Aunque España ha sido uno de los países más rápidos en introducir los últimos avances de la biotecnología, antes incluso que otros países con mayor renta que la nuestra, (lo que ha venido acompañado con frecuencia con unos precios de los más altos), esto no ha sido un obstáculo para que se permitiera un nivel de desigualdades en el acceso a dichas terapias difícilmente compatible con el principio de equidad que debe imperar en el SNS.
Tampoco sirvió el desbocado, por incontrolado y falto de evaluación, crecimiento del gasto en medicamentos hospitalarios para que, en una época de bonanza económica y de crecimiento del gasto sanitario sin parangón, los pagos a los laboratorios se produjeran en muchas comunidades autónomas con retrasos incompatibles con cualquier política sana y responsable de gestión y que en algunos casos superaban ampliamente los 700 días.
No cabe duda de que la política descrita ha generado inequidades, una utilización ineficiente de recursos y prácticas de gestión a erradicar y olvidar si no fuera porque dichos excesos se hicieron a crédito y la devolución de los créditos va a durar unos cuantos años.
Frente a esta política tan dañina, la ministra Ana Mato está desplegando una reforma de la política de medicamentos orientada a dar a ésta la transparencia, la equidad, el rigor económico y presupuestario que no ha caracterizado la de las dos pasadas legislaturas.
El primer requisito en toda relación contractual es hacer honor a los contratos. El plan de pago a los proveedores ha supuesto por primera vez en muchos años, normalizar los pagos a los laboratorios que acumulaban retrasos de escándalo acumulados en épocas de crecimiento desorbitado del presupuesto sanitario. Esta política se ha llevado a efecto en una de las situaciones financieramente más comprometidas por las que han pasado las administraciones públicas españolas de los últimos cincuenta años. ¿Alguien puede pensar que cuando se acumula una mora con un proveedor de más de 600 días se está en condiciones de gestionar con eficacia las mejores condiciones para una compra pública?
Frente al oscurantismo de los anteriores responsables ministeriales, Ana Mato ha introducido reformas de calado orientadas a que las decisiones de financiación y precio respondan a criterios de eficiencia, transparencia y objetividad exigibles a una administración pública.
La reforma de la política de medicamentos ha establecido la evaluación del coste efectividad en las decisiones de financiación y precio así como los informes de posicionamiento terapéutico que garantizan con antelación que los fármacos se utilizan con un criterio clínico adecuado. La incorporación de las comunidades qutónomas a la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos supone, además, un importante paso para la coordinación de la política de farmacia al hacer partícipes a las administraciones regionales, responsables de gestionar la demanda de los fármacos, en las decisiones inherentes a la financiación y precios que corresponden a la Administración del Estado.
Debería parecer lo más natural que las compras del mismo medicamento financiadas con fondos públicos tengan el mismo precio y que este sea el mejor que puede practicar el laboratorio farmacéutico; cuesta trabajo reconocer que las normas permiten un espacio para la descarnada discriminación de precios y condiciones de suministro entre servicios de salud y aún entre hospitales perteneciente al mismo servicio regional de salud. Desde luego, así se lo ha parecido al Tribunal de Cuentas en las repetidas ocasiones en las que se ha ocupado del asunto.
La discriminación de precios a la que conduce la compra descentralizada, frente a un proveedor exclusivo, estrategia con la que el diputado Martínez Olmos parece alinearse, proporciona los mayores ingresos para el oferente y el mayor gasto para el demandante. Y ello a pesar de que algunos demandantes piensen que están obteniendo una mejora para su presupuesto (eso sí, que no comunicarán a nadie, por temor a perderla), sean estos una comunidad autónoma o un hospital.
En conclusión, las reformas en la política de farmacia aportan transparencia y racionalidad económica en las decisiones de financiación y precio y contribuirán a una más eficiente asignación de recursos en el sistema de salud. Para comprobarlo, nada mejor que dar de nuevo la luz, publicando las estadísticas de gasto en medicamentos hospitalarios tarea en la que se está ocupando, después de años de apagón informativo, la Comisión Permanente de Farmacia.
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