19 nov 2018 | Actualizado: 18:10
Por Manuel Pérez, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla
Mié 29 octubre. 21.54H
A finales de 2011, el Gobierno Español promulgó lo que ni los más pesimistas del lugar podían haber imaginado: una normativa para establecer ayuda económica a determinadas farmacias a las que denominó “VEC” (acrónimo de “Viabilidad Económica Comprometida”). Ni que decir tiene, aunque es necesario recordarlo, que con ella se intentaba paliar el tremendo deterioro económico sufrido por los profesionales sanitarios que ejercen dignamente en esas farmacias, debido a las feroces medidas de recorte del gasto en medicamentos promulgadas por todos los gobiernos que han sido, al menos, desde el año 2000. O sea, “curar” en parte la herida de muerte que el supino desconocimiento del legislador -y el tensar la cuerda por el sitio más débil, algo muy habitual en España- había ocasionado a esas farmacias al gravarlas con lo que se podrían denominar “impuestos paralelos”: descuentos por RDL, aportaciones vía cláusulas prácticamente innegociables en conciertos de prestaciones, subastas de discutida constitucionalidad,y un largo etcétera, que había hecho imposible dispensar los medicamentos alos pacientes en muchos municipios de España con normalidad. O sea, persiguiendo el ahorro extremo donde no hay despilfarro lo único que consigue es empobrecer la Farmacia y situar la calidad de la prestación a las puertas de lo inadmisible, sólo mantenida de este lado de la raya por la profesionalidad de los farmacéuticos españoles. Parecía imposible, pero jamás se habían dispensado tantos medicamentos previo encargo por imposibilidad económica de mantenerlos en stock.

El texto mencionado al principio establecía la entrada en vigor de las ayudas el primero de enero de 2012, previo desarrollo por las diferentes Comunidades Autónomas. Y ahí está la primera clave negativa: no todas las regiones españolas cumplieron con su obligación de completar el marco normativo; es más, a día de hoy –tres años después- hay gobiernos regionales que no lo han hecho todavía y otros que están en vías de hacerlo… aunque sin contemplar la retroactividad de la norma al momento de su entrada en vigor. Tal cicatería sólo es comprensible, de nuevo, desde el más absoluto desconocimiento de la realidad que vive la Farmacia en el momento actual, por no citar los viejos prejuicios sobre la economía del profesional Farmacéutico que mantienen algunos recalcitrantes a día de hoy. Algo también muy habitual en España.

Hace ya tiempo que dejó de ser admisible seguir considerando a la farmacia (a los farmacéuticos) el objetivo principal de las medidas de control del gasto sanitario y de recorte presupuestario, porque hace ya tiempo que se perdió el sentido de la mesura en la presión fiscal y en la administración de los impuestos de los ciudadanos. Cuando emerge la “razón política” para decidir qué se hace en Salud, se pierde la “razón sanitaria”para disponer cómo se hace y a qué coste económico y profesional. En ese preciso momento aparece la segunda clave negativa: hay que llevar a cabo todo aquello que es rentable políticamente, aunque sean un disparate sanitario. Lo que desemboca en hacer lo que “el pueblo entiende” en vez de lo que “el pueblo necesita”, como criticaba Paul Valéry.

Pues bien, pasados tres años desde su publicación en el BOE –y aunque algunas regiones no hayan hecho absolutamente nada en este sentido, o quizás precisamente por eso mismo-, se hace necesario realizar un análisis sobre los resultados obtenidos con las ayudas a estas farmacias.

La primera conclusión, aparte del incumplimiento de su entrada en vigor, algo imposible de entender en un país serio, es que las medidas han resultado insuficientes porque las circunstancias fácticas que las originaron han cambiado a peor: han bajado aún más los precios de los medicamentos, han continuado los retrasos en los pagos, los recortes en las prestaciones, las exclusiones de medicamentos, las subastas, la limitación en la capacidad de gestión de las Farmacias, etc., lo que las convierte en manifiestamente mejorables.

La segunda conclusión, por tanto, sería establecer medidas eficaces de ayuda a las farmacias necesitadas. Salvo, claro está, que se pretenda seguir mirando para otro lado o hacer el juego a quienes permiten o avalan, con sus actos o sus omisiones, la desaparición en el medio rural español del último atisbo de servicio sanitario público (y privado; porque, el día que la Farmacia desaparezca, a ver quién va a proveer a sus habitantes de una simple aspirina, por ejemplo).

¿De qué medidas eficaces estaríamos hablando? Pues de la discriminación positiva, algo lógico y posible que se aplica en otros ámbitos administrativos y sobre lo que ya me he manifestado en más de una ocasión. ¿Por qué estas farmacias no se excluyen de las medidas que están ocasionando su extinción? ¿Por qué se les han de aplicar descuentos del 7,5 y del 15 por ciento por la dispensación de medicamentos que no dispongan de genérico, cuando son los médicos del Sistema y no ellos quienes deciden la prescripción, y la industria quién registra, o no, el genérico en cada caso? ¿Por qué se les ha de aplicar una “tasa” por la dispensación de absorbentes de incontinencia o de tiras reactivas, por citar sólo algunos ejemplos?

Es inconcebible establecer tantísimos recortes y descuentos, muchos de ellos auténticamente irracionales y aplicados desde tiempo inmemorial, en el trabajo desarrollado impecablemente por los profesionales de la farmacia, y darles luego una especie de “Farma-Per” para intentar la subsistencia de la prestación que hasta ayer han desarrollado brillantemente y hoy llevan a cabo con grandes dificultades y sacrificios personales y profesionales por causas totalmente ajenas a su voluntad.