21 mar 2019 | Actualizado: 19:25
Rafael Matesanz, fundador y exdirector de la Organización Nacional de Trasplantes
Mié 13 febrero de 2019. 11.45H
Crónicas desde el Ampurdán
Se ha publicado estos días la composición del nuevo Consejo Asesor de Sanidad y como suele ser habitual han surgido algunas voces que expresan el malestar de determinados sectores como la sanidad privada o la enfermería por considerarse infrarrepresentados en el mismo. De entrada, es difícil discutir la capacidad y el conocimiento del sistema de personas como su presidente Pedro Sabando, y lo mismo puede decirse de Fernando Lamata, Rafael Bengoa, José Ramón Repullo, Pilar Garrido o María Blasco, entre otras. Sin duda es mucho lo que pueden aportar. Otra cosa es que determinados colectivos consideren que sus intereses deberían estar mejor representados en este consejo y así lo hagan notar.

El problema no es de personas, sino más bien conceptual sobre el significado y el valor de este consejo. Creado hace ya más de un cuarto de siglo, en 1992 y ampliado recientemente en sus competencias a los asuntos sociales en paralelo a la asunción de estas competencias por parte del Ministerio de Sanidad (y el añadido de nombres al mismo), sus fines explícitos son "asesorar e informar a la persona titular del departamento sobre los aspectos científicos, éticos, profesionales y sociales que pueden tener incidencia… en la política sanitaria".

Dicho así parecería que su papel debería ser crucial en la sanidad española, asesorando continuamente a los sucesivos ministros sobre cualquier aspecto conflictivo y elaborando profundos informes que luego marcaran el devenir de las acciones ministeriales de gobierno. Uno se puede imaginar a sus integrantes reunidos en sede ministerial cual oráculo de Delfos sugiriendo a la titular de la cartera las líneas a seguir para dirigir la sanidad del país.

Pero nada más lejos de la realidad. Aunque efectivamente ha habido figuras indiscutibles que lo han presidido, como José María Segovia o Joan Rodés, que influyeron decisivamente en determinados momentos de diversas etapas del Ministerio, difícilmente puede atribuirse esta relevancia institucional al Consejo Asesor como tal (y un ejemplo fue el Plan de la Hepatitis C), sino a su propia personalidad. Son contadas las situaciones en las que los dictámenes o los informes del Consejo han sido importantes en la política sanitaria y muchas más las que han acabado en los cajones de la planta cuarta del Paseo del Prado.

Los motivos son variados. Hay un principio universal que dice que cada cual oye lo que quiere oír y escucha a quien quiere escuchar y eso es aplicable a las sucesivas cúpulas ministeriales. Cuando nombran a los miembros de "su" consejo (y es perfectamente lícito que así sea). No hay más que ver la composición de cada uno de los seleccionados en los dos últimos para darse cuenta de la orientación de un buen número de sus miembros (obviamente no de todos), en paralelo con el partido que les nombró. Si a ello añadimos la "vida media" de los ministros de sanidad en su puesto, que en las tres últimas décadas ha sido inferior a los dos años, se entiende que la posibilidad de permanencia y sobre todo de relevancia en sus opiniones sea más bien escasa, ya que los sucesivos consejos quedan pronto desligados de quien les nominó.

Por otra parte, la tendencia de la mayoría de los que han liderado el ministerio es a considerar que ya se lo saben todo (y así les va en ocasiones) y no es frecuente que se dejen marcar las líneas de acción por comité alguno, sino más bien por personas de su confianza, expertas en determinados temas que, por supuesto, transmiten sus ideas propias sobre los mismos. Si se trata de un tema muy sectorial que requiere unos conocimientos especializados suelen ser las sociedades científicas las consultadas. No queda mucho espacio para organismos como el Consejo Asesor.

Personalmente he sido nombrado dos veces como miembro de este Consejo y sustituido en ambas ocasiones tan solo unos meses después por el siguiente ministro (del partido contrario al que me había escogido) sin haber tenido ocasión en ninguna de ellas de asesorar nada, con lo que mi labor no pudo ser ni buena ni mala, sino simplemente indiferente o inexistente. Por el lado opuesto, ni como responsable de la ONT ni como director asistencial del antiguo Insalud he tenido ocasión de solicitar su dictamen y, a decir verdad, he agradecido que no hayan tenido la tentación de opinar al respecto. Se entiende, por tanto, que mi concepto de este organismo sea un tanto escéptico, aunque por supuesto respeto todas las opiniones de los más entusiastas.

En todo caso, deseo lo mejor al nuevo Consejo por cuyo actual presidente Pedro Sabando, uno de los grandes en la construcción de nuestro Sistema Nacional de Salud, tengo las máximas consideraciones. Estoy seguro de que, si las circunstancias políticas le permiten una supervivencia razonable, su trabajo dará frutos positivos para la sanidad española, que falta hacen. Y en cuanto a los colectivos que se sienten agraviados por su escasa o nula presencia en el Consejo, ¿de verdad creen que merece la pena?