21 nov 2018 | Actualizado: 11:20
Eduardo Ortega Socorro, periodista de Sanitaria 2000
Jue 20 agosto. 17.55H
La incógnita sobre si el real decreto de precios y financiación de los medicamentos y los productos sanitarios se podrá aprobar antes del final de legislatura sigue sin resolverse. Las comunidades autónomas han pedido más tiempo al departamento que dirige Alfonso Alonso para poder analizar un denso, largo y complejo documento al que, con total seguridad, se van a presentar alegaciones o aportaciones.

Pero esto no resta valor a la iniciativa. Hasta las comunidades socialistas reconocen ‘sotto voce’ que el proyecto es necesario y que “va a dar mucho juego” en el futuro de la financiación estatal del medicamento. Sobre todo, gracias a que va a afianzar el cumplimiento de unos informes de posicionamiento terapéutico (IPT) que serán vinculantes a escala nacional de facto y a que asienta el marco legal de los criterios para pagar o no un producto.

Con todo, hay un gran ausente en el extenso documento. Durante el último año, el propio Agustín Rivero, director general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia y voz autorizada en ese espinoso asunto que es la financiación pública de medicamentos, ha estado anunciando el desarrollo de una especie de termómetro de la innovación, un sistema para medir la novedad que aporta un fármaco que se presenta como innovador, por redundante que suene.

Se trata de un modelo de evaluación que, de hecho, estaba bastante avanzado como ha venido contando fielmente Redacción Médica. Sin embargo, no aparece reflejado en ningún punto de la futura legislación. Aunque no es obligatorio que esté incluido, su ‘lanzamiento’ en el real decreto de precios dotaría a este sistema de la oficialidad necesaria que por fin van a recibir los IPT, y sería el complemento perfecto para el sistema de financiación de medicamentos que quiere ultimar Sanidad.

¿Cuál es la razón para que el Ministerio no haya sacado adelante, al menos por lo pronto, un proyecto que había anunciado en diversos foros, en público y en privado? Antes de que el real decreto de precios llegara a las manos de las comunidades autónomas con motivo del último Consejo Interterritorial del SNS, el texto circuló entre diversos actores del medicamento con el fin de que dieran sus opiniones, u objeciones, al contenido. Entre los citados ‘stakeholders’ se encontraban, cómo no, responsables de los laboratorios farmacéuticos y de sus patronales, como Farmaindustria o Aeseg.

¿Es posible que presiones llegadas desde este sector hayan dictado el fin del termómetro de la evaluación antes incluso de que exista? Bueno, la industria farmacéutica es una de las mejores fuentes que existen para las teorías de la conspiración. Sin embargo, lo aquí expuesto no es una certeza, sino una posibilidad. Quién sabe. En todo caso, Sanidad todavía tiene tiempo para incluir en el real decreto y poner en marcha su propio termómetro de la innovación, y ser el primer país que da pasos en esta dirección en Europa.