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Viernes, 07 de junio de 2013, a las 15:52

 

Por Salce Elvira, miembro colectivo Carta por la Ciencia por CCOO y del Consejo Asesor de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

España ha destinado históricamente a I+D+i un porcentaje de la riqueza muy inferior al de los países mas desarrollados de Europa y claramente inferior al promedio de la Unión Europea. El sector privado no ha sido capaz de incrementar su apuesta en I+D al mismo ritmo que lo hacía el sector público e, incluso, ha disminuido su participación, lo que determina que España tenga una baja capacidad de innovación propia.

El presupuesto inicial de la política de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i) para 2013 disminuye en 394 millones (un 6,2 por ciento menos que el presupuesto de 2012) y se sitúa en 5.926,24 millones. Lo grave de este recorte es que se suma al de los anteriores, y que nos retrotrae a cifras de gasto del  2005 en términos reales.

En mi opinión, no hay duda de que se debe entender la I+D+i como la herramienta de cambio que potencie un desarrollo autosostenido y articulado, sobre el que pueda asentarse una estructura social mas justa. La crisis actual ha puesto de manifiesto que aquellos sectores y empresas dotados de un amplio stock de capital tecnológico propio, en los que la cultura de la innovación está firmemente enraizada en la estrategia empresarial y que disponen de equipos humanos altamente cualificados y motivados, están en mejores condiciones para afrontar la creciente competitividad derivada de la globalización y tienen mayor capacidad de lucha ante el desempleo.

En este sentido, potenciar la cultura innovadora es clave en las políticas de I+D, y ello supone reforzar los  vínculos entre educación, empresa, investigación e innovación, con el fin de que la sociedad sea consciente de la necesaria vinculación entre cada una de las fases de la cadena de la innovación, que circula desde la investigación abstracta hasta la comercialización de productos o servicios.

Para intentar frenar esta situación, hace ya más de un año y ante los drásticos recortes que se venían aplicando en la I+d+i española,  Cosce, CRUE, FJI, PID, FEI, CCOO y UGT elaboraron una “Carta Abierta”, que se envió al Gobierno y grupos parlamentarios, para intentar paralizar la durísima política presupuestaria lanzada contra el sistema español de I+D+i. La carta fue suscrita por más de 40.000 científicos y tecnólogos procedentes de la gran mayoría de las universidades y centros de investigación españoles y entregada al presidente del Gobierno.

Los hechos sucedidos desde entonces no han hecho sino agravar el penoso escenario que denunciábamos, así, en el Programa Nacional de Reformas para el 2013 en materia de I+D+i, el gobierno vende como grandes logros alcanzar en 2020 un nivel de inversión del 2 por ciento del PIB, que ya fue fijado para 2010 por gobiernos anteriores, y evidentemente no fue alcanzado. En todo caso, lograr dicho objetivo, cuando Europa se ha fijado el 3 por ciento para el año 2020 supondría ahondar la distancia que ahora nos separa de la UE: en 2011 el gasto en I+D de España se sitúa en el 1,33 por ciento del PIB frente al 2 por ciento de la UE. Visto el recorte de un 31 por ciento del presupuesto público de I+D+i entre 2012 y 2013, al que se sumará previsiblemente el sector privado, es probable que el esfuerzo en I+D+i de la economía española siga cayendo. 

No parece probable por tanto, según la información y tendencias actuales, que ni siquiera se alcance el objetivo del 2 por ciento del PIB en 2020. El PNR2013 fija que el gasto público en I+D+i en términos del PIB apenas aumentará hasta el año 2020 desde los niveles actuales y que el esfuerzo recaerá sobre todo en el sector privado, cuya aportación a I+D+i deberá aumentar hasta el 1,2 por ciento del PIB en 2020 partiendo del 0,59 por ciento del PIB que aportó en 2011.

El gobierno “encarga” al sector privado el impulso del gasto en I+D+i hasta alcanzar una aportación del 1,2 por ciento del PIB en 2020, un objetivo loable, pero que no parece factible dada la resistencia tradicional del sector empresarial española por apostar por el I+D+i, refrendado por su comportamiento al respecto durante la crisis y sin que se introduzcan medidas o cambios que puedan modificar la situación actual y consolidar un cambio en el modelo productivo basado en el conocimiento, la calidad y la I+D+i. El sector privado deberá duplicar su inversión en I+D+i desde los 6.285 millones aportados en 2011 hasta al menos 12.600 millones en 2020 en términos constantes, en términos nominales el gasto deberá ser superior. Desde que comenzó la crisis las empresas han reducido su esfuerzo en I+D, tanto en términos de gasto financiado como en gasto ejecutado. No se observan modificaciones que lleven a pensar al menos a corto plazo en una mejora tan sustancial de la apuesta empresarial por la investigación, el desarrollo y la innovación, en un contexto además de reducción de los fondos públicos de I+D+i, que en gran medida servían para financiar y subvencionar actuaciones privadas en la materia.

Como consecuencia de los recortes y las incertidumbres, asistimos a una pérdida acelerada de capital humano, tanto en el sistema productivo como en el académico. Se reducen o cierran centros de investigación fundamentales, como el Príncipe Felipe de Valencia, los investigadores que se jubilan no están siendo reemplazados y el número de nuevas plazas estables en los organismos públicos de investigación se ha desplomado, suprimiendo las expectativas de poder desarrollar una carrera científica en España. Son más los investigadores que salen que los que llegan, de forma que la fuga de cerebros, lejos de ser un cliché, es una realidad silenciosa e irreversible. Los puestos de trabajo en investigación desaparecidos en los últimos dos años se cuentan por miles. Asistimos al desmantelamiento de lo que ha costado décadas crear y a la amenaza del abandono de líneas de investigación y de desarrollo tecnológico que son punteras.

Así, tras participar en las deliberaciones del jurado que otorgará los Premios Rey Jaime I 2013 y que han tenido lugar este lunes en Valencia, dos Premios Nobel en Medicina y otro en Química han advertido de que las decisiones que tomen los Gobiernos en lo que respecta a la inversión en investigación afectará a los próximos 40 años, según han señalado durante una rueda de prensa conjunta Roger Kornberg (Nobel en Química 2006), Richard Roberts (Nobel en Medicina 1993) y Ferid Murad (Nobel en Medicina 1998).

Ante este panorama, el Colectivo Carta por la Ciencia expresa su convencimiento de que sólo en el marco de una estrategia consensuada entre gobierno, partidos políticos, agentes sociales y la comunidad científica, podrá diseñarse una salida viable a la crisis que afecta a nuestra sociedad, una salida en la que la ciencia y la tecnología constituyen elementos básicos. Con este objetivo se ha puesto en marcha la 2ª Carta, con el objetivo de concienciar a la sociedad de la importancia de la Investigación para el futuro, que irá acompañada el día 14 de junio, de concentraciones en toda España.