La ética imperfecta de las vacunas

Las vacunas contra la Covid 19 nacieron con nombres cifrados y mitológicos, fruto de una contrarreloj desesperada por evitar que el mundo se detuviese. Desconocemos las consecuencias de acortar las fases de ensayo, pero ¿quién espera a que le inyecten un placebo con 500 muertos al día?. La eterna lucha entre el utilitarismo y el principio de no maleficencia de la bioética se ha decantado finalmente por el instinto primario de supervivencia.

Las primeras vacunas en el mercado fueron un milagro, al que la Unión Europea se plegó firmando -acuerdos de adquisición anticipada-, contratos que han permitido que las farmacéuticas puedan esquivar las futuras reclamaciones derivadas de reacciones o secuelas a la vacuna. Será finalmente cada Estado quien asumirá las indemnizaciones correspondientes. ¿Había alguna otra opción?

El carácter voluntario de la vacunación está permitiendo un drenaje lento y pacífico entre creyentes y negacionistas. Recibir la vacuna es voluntario, incluso para el personal sanitario, pero en menores e incapaces la cosa cambia y en caso de negarse los padres o tutores, los juzgados están resolviendo a favor del interés del menor o el incapaz, imponiendo la vacunación.

Así lo consagra la Ley 41/2002 de Autonomía del paciente, cuando en su artículo 9, pone en una balanza la patria potestad y en otra el mayor beneficio del menor o el incapaz. Los antecedentes judiciales son claros y en caso de duda se impone la aguja.

No creo que lleguemos a su imposición obligatoria, pero los mecanismos legales, aunque oxidados, están ahí, tutelando la salud pública con su Ley 22/1980 que preveía que vacunas contra la viruela, la difteria y otras infecciones pudieran ser obligatorias o la Ley 3/1986 de Medidas Especiales, que consagra que las autoridades pueden tomar las medidas necesarias para preservar la salud pública.

Pero el debate no ha cesado y en plena estrategia de vacunación, se ha producido la primera discriminación entre los médicos de la sanidad pública y privada. Han tenido que ser los jueces mediante medidas provisionalísimas, quienes han resuelto tutelar la igualdad en la distribución.

En la picaresca de este país, no han faltado los que en este “Titanic” se cuelan en la fila y han puesto el brazo antes de tiempo, provocando diligencias de investigación por Fiscalía, que causan más bochorno que daño en el bolsillo. Mientras tanto y bajo la corteza de este incendio, se abre un mercado negro de vacunas entre países y particulares que buscan salvarse del apocalipsis y activar cuanto antes sus economías. Esta es una carrera contra el tiempo, donde no todos cumplen las reglas.

Me quedo con la ética silenciosa de los que cumplen las distancias, ponen un catéter o reponen productos en un supermercado. Algún día todos nos quitaremos las mascarillas. Mientras tanto el Gobierno ya estudia implementar un pasaporte de vacunación, que al margen de los problemas éticos que pueda generar, nos abrirá las puertas a viajar, abrir negocios y acceder a determinados lugares y actividades. Nadie querrá quedarse atrás en este nuevo mundo, que herido y agotado, saldrá inmunizado y dispuesto a sacudirse las cenizas del 2021. La ciencia nos traerá la luz, pero no debemos olvidar la ética de la convivencia.