07 enero 2022. 12.50H
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Dentro del inacabable desfile de noticias, la mayoría negativas con que nos ha obsequiado 2021, el diario El País publicaba el último día del año una información que, puesta en conexión con el progresivo descarrilamiento de la atención primaria a medida que se centuplican los casos de la variante ómicron, no puede sino dejarnos perplejos y preguntarnos en manos de quien estamos.
La noticia a la que nos referíamos llevaba por título "Las autonomías dejan sin gastar 3.000 millones del fondo Covid". Explicaba que en 2020, las comunidades recibieron unos 16.000 millones de euros para atender los servicios públicos durante la pandemia, a los que hay que sumar otros 13.500 en 2021, en ambos casos con carácter no finalista, es decir, no vinculados a la exigencia de gastos concretos.

Según datos de Hacienda y estimaciones de la Autoridad Fiscal, el gasto de las autonomías asignado a esta partida en 2020 fue de 14.000 millones, 2.000 menos que lo disponible, y en 2021 fue de 12.000 millones, 1.000 menos que el fondo, con un 54% de los mismos destinados a sanidad. Es decir, un total de 3.000 millones de estas cantidades habilitadas por el estado y que podían haber servido para reforzar nuestro sistema sanitario (no sé si la palabra más adecuada sería “rescatar”), simplemente no se han utilizado.

Una explicación benévola para nuestras autoridades autonómicas es considerar que por una vez se han tomado en serio las indicaciones de que se trataba de apagar los incendios originados por el Covid en los servicios públicos y nada más, a esperar que esto pase y volvamos a la situación de partida (nada boyante por cierto). Efectivamente desde el estricto punto de vista de la gestión, existe un lógico temor a que un gasto puntual generado por una situación excepcional y de urgencia, se consolide en los presupuestos venideros. El problema es que si algo ha quedado claro durante la pandemia es que, a nuestro sistema sanitario claramente infrafinanciado se compare como se compare con los países de nuestro entorno, le han saltado todas las costuras sin el más mínimo indicio de que haya alguien capaz de repararlo ni por supuesto se vea voluntad política de hacerlo por parte de quien tiene capacidad de decisión.

Por el contrario, de la plantilla sanitaria incorporada en los momentos más duros de la pandemia, fundamentalmente de enfermería y auxiliares, las comunidades habían prescindido de una buena parte al acabar el verano del pasado año, semanas antes de que la variante ómicron diera el golpe de gracia a la Atención Primaria. En la mayoría de las regiones se ha producido un tira y afloja para ver cuantos se mantienen y hasta cuando, pero con un cortoplacismo y una falta de objetivos a medio y largo plazo realmente preocupante.

El caso de la Atención Primaria es especialmente significativo, sobre todo en estos momentos de colapso que padecen tanto profesionales como usuarios. Fue unánimemente priorizada junto con la red de salud pública por los expertos participantes en la “Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción” durante mayo-junio del 2020. En resumen, se enfatizó la necesidad de una financiación muy superior, con un presupuesto que alcanzase progresivamente el 25% del total, una mayor dotación de personal con una remuneración adecuada, junto con una reconsideración global del primer nivel y su papel dentro del sistema sanitario.

Para valorar la infrafinanciación de la Atención Primaria, es preciso mirar la situación pre - pandemia ya que después todo se alteró por multitud de factores. En 2019 la inversión de las autonomías fue de, 9874 millones de euros, 541 menos que 10 años antes y alrededor del 14% del gasto sanitario total. Las estimaciones expuestas en la citada comisión parlamentaria cifraban en alrededor de 4.000 millones los necesarios para alcanzar el 20% del total de gasto sanitario a corto plazo, con el horizonte de otros 3.300 de forma progresiva para llegar al mítico 25%. Naturalmente esta inyección económica debería servir para cambiar radicalmente la situación actual, subrayando el enfoque comunitario de la medicina de familia, con un gran esfuerzo en la atención domiciliaria y una potenciación al máximo de la telemedicina, especialmente en el ámbito rural. Una mayor financiación no puede ir condicionada a seguir haciendo lo mismo.

Pues bien, en el año y medio transcurrido desde entonces, lo único que se ha hecho es redactar el denominado “Plan Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023”. Es un ejercicio metodológico más, después del "Marco Estratégico para Atención Primaria de Salud" de 2019 que como tantos otros quedó en nada.  Ha sido ampliamente criticado por las sociedades científicas, aparte por carencias obvias como la atención pediátrica, sobre todo porque aunque mucho se habla de “presupuestos finalistas”, la única cantidad especificada por el gobierno en los presupuestos del 2022 son 176 millones de euros para añadir a lo que pongan las comunidades. Una cantidad, como se ve muy alejada de las necesidades del sector. Nadie puede creerse un fortalecimiento de la primaria sin un incremento muy significativo de los fondos dedicados a ella, que de momento no se ven por ninguna parte.

Y en esta situación de desproporción expectativas – realidad, la noticia de los 3000 millones devueltos a Hacienda, una cantidad que bien podría haber sentado las bases de la recuperación del primer nivel, resulta particularmente chocante y es una muestra más de la ausencia de voluntad política para potenciar la sanidad. Cuando hay dinero se utiliza para apagar fuegos, pero no para plantearse un futuro a largo plazo. La proporción ridícula de los fondos europeos dedicada al sector (1,5%) va en la misma línea. Una vez más, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Solo cabe decir ¿de verdad hay alguien al mando?