Redacción Médica
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Qué tipo de sociedad es capaz de infravalorar el conocimiento

Por Pere Camprubí i García, decano del Colegio Oficial de Biólogos
Viernes, 18 de diciembre de 2015, a las 16:22
La fuga de cerebros al extranjero que padecemos en España es una manifestación de la negativa del poder económico a modificar significativamente el modelo de producción de bienes y servicios poco diversificado que impera en nuestro país. Se trata, pues, de una infravaloración del conocimiento científico-técnico acumulado por nuestro capital humano.

El problema no acaba aquí, puesto que resulta que en España tenemos, entre otros, un “grave” problema: la sobreformación de los trabajadores. Así, un 27% de la fuerza de trabajo española tiene más conocimientos y habilidades (o sea, estudios o formación; educación es otra cosa) que los necesarios[1].

Ante este resultado, me planteo tres preguntas.

La primera pregunta se dirige al calificativo “necesarios”; ¿para quién?, sin duda, para el sistema de producción de bienes y servicios que ahora tenemos en España, ya que para cada persona, nunca sobra formación (“el saber no ocupa lugar” decían; ahora ya dicen otra cosa) y para un sistema productivo de altas miras, tampoco. El dato anterior hace comprensible que el aún ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, haya manifestado que en España sobran estudiantes universitarios; aunque algunos no compartamos este criterio, lo cierto es que la todavía máxima autoridad educativa así lo valora.

La segunda pregunta es ¿a qué se debe este pretendido despilfarro de recursos humanos y materiales en formar capital humano? De los distintos elementos que conforman la respuesta, los que inciden negativamente en la competitividad económica son:

El Gobierno español de la legislatura que acabó en 2011, decidió arbitrariamente que algunas profesiones dejaran de ser calificadas como “regulada” (la de biólogo es una de esas víctimas), por lo que sus titulares pasaban a competir en condiciones de inferioridad legal con otras profesiones (las sanitarias clásicas y las ingenierías); la consecuencia práctica es que aquellas profesiones pasan a ocuparse de tareas menos cualificadas que las correspondientes a su formación académica.

Los distintos gobiernos españoles se han negado a reconocer la capacidad profesional de algunos titulados en el campo de la Salud, impidiendo su acceso a la correspondiente especialidad sanitaria (de nuevo, los biólogos nos contamos entre sus víctimas). Estos profesionales arbitrariamente discriminados también son expulsados a realizar tareas menos cualificadas de las que pueden realizar. 

Lo razonable es desbloquear las situaciones general y específica aquí señaladas, para evitar la “indeseada” (para el sistema económico vigente, claro está) malversación de recursos en la formación de universitarios.

Además, si se pretende aprovechar la inversión hecha en formación de capital humano, hay que tomar en consideración las aportaciones de la Biología en los planes económicos de futuro de la Unión Europea[2]. El decano del Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura, Antonio Palomeque Peinado, ha estudiado las oportunidades que nos ofrece este enfoque.

Pero no; la lógica del sistema es otra; la reducción del porcentaje de fuerza de trabajo “sobreformada” no se busca por medio del aprovechamiento de la ya existente, eliminando trabas anticompetitivas e impulsando nuevas oportunidades, sino que se articula a través de reducir el gasto público en formación universitaria: la solución está en … ¡¡los grados de 3 años!!!. Pero cuidado, no para todos; las profesiones-élite de toda la vida seguirán teniendo formación pública de 4 o 5 años, mientras las profesiones consideradas subsidiarias pasarán a tener una formación más reducida, para que no molesten con su justa reivindicación de que  “a igualdad de formación, le corresponde igualdad de estatus profesional”. Esta valoración no es especulativa de quien subscribe esta nota, ya que las competencias profesionales reconocidas a los graduados, por ejemplo en Biología, no son las mismas que tenemos los licenciados, por ejemplo, en Biología[3].

La tercera pregunta es: en el marco de una supuesta sobreformación, ¿qué papel se atribuye al conocimiento científico-técnico? Por lo que concierne al excedente de conocimiento, o sea, el conocimiento que deja de fluir hacia el capital humano por reducción en la formación de universitarios, la sobreformación implica una infravaloración de dicho conocimiento; por ejemplo, los licenciados y graduados en Biología de 4 años tienen la exclusiva del conocimiento integrado desde los niveles molecular y subcelular, a los niveles de poblaciones y ecosistemas; con grados de 3 años, esta comprensión holística de lo bio se perderá o será de inferior cantidad y calidad, con los consiguientes impactos negativos en las aportaciones de los nuevos graduados a la sanidad, el ambiente, la alimentación, la enseñanza, …

Por lo que respecta al conocimiento científico-técnico contenido en el capital humano que trabaje en España en tareas menos cualificadas, aquel también es infravalorado, por la vía de una remuneración salarial menor de la que correspondería a la cantidad real de su conocimiento científico-técnico; en esta situación caben los biólogos licenciados y graduados en Biología, “desregulados” profesionalmente.

Una vez más, los cuerpos de altos funcionarios de la Administración General del Estado someten, con su criterio y a favor de sus intereses particulares de grupo, a los políticos que los ciudadanos vamos eligiendo cada cuando nos dicen.


[1] Dato extraído de un informe de la Fundació Jaume Bofill, citado en “La desdicha de ser joven y (no) trabajar en España”, de Sebastián Tobarra, AHORA, nº 13.
[2] La Comisión Europea ha publicado el 13 de febrero de 2012 la Comunicación “La innovación al servicio del crecimiento sostenible: una bioeconomía para Europa”, COM(2012) 60 final, que incluye la “Estrategia sobre la Innovación al servicios del crecimiento sostenible: una Bioeconomía para Europa”.
[3] Deducido de los dos párrafos finales del Fundamento de Derecho Segundo de la sentencia nº 399/2015, de 25 de mayo de 2015, de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Asturias.