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17 febrero 2021. 11.00H
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Hace un año que la pandemia llegó a nuestras vidas, tensionando y llevando al límite nuestro sistema sanitario y convirtiendo en “cosa del pasado” todo lo que nos parecía habitual: las relaciones sociales, el trabajo, la libre movilidad, una economía activa… Este año se nos ha hecho muy largo. Tras enfrentar varios picos de pandemia que han dejado miles de fallecidos y tras una montaña rusa de olas pandémicas, las administraciones insisten en la misma estrategia: seguimos fracasando en el intento de convivir con el virus, en lugar de centrar los esfuerzos en eliminar el SARS-COV2.

Es cierto que, aunque consiguiéramos eliminar el COVID de nuestro país, seguiríamos expuestos al gran riesgo de que los viajeros provenientes de otros países importaran nuevos casos y, por tanto, nuevas posibilidades de propagación. Pero, si cada vez que aparece un caso se tomaran las medidas oportunas y efectivas, en los tiempos adecuados, y se hicieran todos los test necesarios… ¿Cuántas vidas hubiéramos podido salvar? La estrategia de intentar convivir con el virus no es exclusiva de nuestro país, sino que ha sido la línea adoptada por todos los países europeos –en general-. Sin embargo, las altas tasas de contagios toleradas en España no son aceptadas por la mayoría de nuestros vecinos europeos.


"En España, los políticos siempre han considerado que la Sanidad es un gasto que hay que disminuir"


A nivel económico, las ayudas que el Gobierno central ha ofrecido a las empresas en situación crítica son del todo insuficientes y muy por debajo de las prestaciones que otros países europeos han puesto sobre la mesa. A nivel sanitario -y viniendo como veníamos de una década de recortes- a la tensión añadida de la pandemia hay que añadir las consecuencias de la mala gestión de los recursos humanos durante años, lo que ha dado lugar al exilio médico a otros países que ofertan condiciones laborales mucho más atractivas o, al menos, más dignas.

En España, los políticos siempre han considerado que la Sanidad es un gasto que hay que disminuir. Nunca han visto el sistema sanitario como lo que es: la inversión de calidad de vida de los ciudadanos. Durante la pandemia, este enfoque de nuestros políticos no ha sido una excepción.

La escasez de Equipos de Protección en la primera ola pandémica, la falta de test durante meses para poder hacer un rastreo eficaz de contactos o de casos leves, el déficit de personal de refuerzo en los equipos de Atención Primaria, o el “2x1” de médicos de Primaria que tenían que asumir el rastreo de contactos y el seguimiento de pacientes COVID y no COVID… son claros ejemplos de cómo se ha afrontado realmente la pandemia: buscando el ahorro sin pensar en las consecuencias.

Enfrentándonos a un virus de elevada transmisibilidad, era lógico prever que los sanitarios en primera línea estaban altamente expuestos al contagio como consecuencia del manejo de enfermos COVID –máxime cuando se encontraron sin EPIs suficientes y adecuados-. En la primera ola, 1 de cada 5 casos de COVID en España era el de un sanitario contagiado por la falta de EPI. La situación era tal que el diario americano New York Times, en su portada de finales de marzo de 2020, definía como “kamikazes” a los sanitarios españoles.

Responsabilidad política por los sanitarios infectados con Covid


Las administraciones –central y autonómica- siempre han negado esta lamentable circunstancia. Han estado más empeñadas en diluir responsabilidades y señalar a otros antes que aportar soluciones. Han preferido, incluso, achacar el contagio de los sanitarios a “un contagio producido fuera del ámbito laboral”. Afortunadamente, el Tribunal Supremo -a instancias de la denuncia interpuesta por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos CESM- reconoció la falta de equipos Equipos de Protección que los sanitarios sufrieron en la primera ola pandémica.

Como hemos dicho antes y con los conocimientos que tenemos a día de hoy sobre la transmisión por aerosoles (una fuente importante de contagio), seguimos con una Administración más obcecada en desviar obligaciones e insistir en que los 123.000 contagios de SARS-COV2 en sanitarios registrados desde el inicio de la pandemia se han producido en ámbitos no laborales. Quizá por esa idea de que cuando se repite mucho una mentira se convierte en verdad.

Pensando en los profesionales que han quedado con secuelas de por vida y en las familias de los compañeros fallecidos, las organizaciones profesionales hemos pedido que el contagio de COVID19 sea considerado enfermedad profesional a todos los efectos. Tras un largo año de pandemia, seguimos a vueltas y vueltas con la Administración, con pequeños avances, pero sin responder a la realidad de la forma que precisa.

Covid-19, enfermedad profesional


Durante el Estado de Alarma, el contagio se reconoció como asimilado a accidente laboral. Posteriormente, mientras continuáramos en situación de pandemia, se alargó esta consideración de accidente laboral pero con la obligación de demostrar el origen del contagio. Finalmente, el BOE del 3 de febrero de 2021, publicaba que el contagio de COVID19 en sanitarios se considerará enfermedad profesional pero “mientras dure la pandemia y solo los que reconozcan los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales”, los cuales deben certificar que el sanitario afectado ha estado expuesto al virus.


"La Administración ha pedido a sus sanitarios que trabajen con un virus de alta transmisibilidad,  pero niega el contagio como enfermedad profesional"


Aclaramos que para considerar una enfermedad como profesional hay que añadirla al catálogo de Enfermedades profesionales, algo que no se ha hecho con el SARS-COV2. Entre enero y septiembre de 2020, la Administración central solo reconocía un 3% de contagios como accidente laboral y, por tanto, producidos en el entorno laboral.

Según las estadísticas del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, los contagios en sanitarios producidos en ámbito laboral son alrededor de un 30 %, aunque considera de origen desconocido casi la mitad. Y esto, en una Sanidad en la que ni siquiera han desaparecido las llamadas camas calientes de los médicos residentes en muchos hospitales. Es decir, seguimos dando vueltas y más vueltas al hecho de que la Administración no quiere reconocer algo que es de justicia. La Administración ha pedido a sus sanitarios que trabajen en el entorno de un virus desconocido, de alta transmisibilidad, con contagio nosocomial y sin la protección adecuada a tiempo pero niega el contagio como enfermedad profesional.

Aunque nos alegremos de los avances que estamos teniendo, desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos no dejaremos de seguir peleando hasta que nuestros derechos sean reconocidos de forma adecuada y completa, al igual que el riesgo inherente de nuestra profesión para que seamos reconocidos como Profesión de Riesgo.