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Sáb 30 noviembre de 2013. 19.41H
Editorial

El modelo sanitario de la Comunidad de Madrid es uno los puntos de conflicto permanentes entre los grupos parlamentarios de la Asamblea regional desde hace un año, cuando la Consejería de Sanidad lanzó su Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema, y no hay esperanzas de que la situación vaya a cambiar a corto plazo. En el enconado debate que se viene manifestando, el PP ha logrado articular un discurso coherente y una propuesta cierta para intentar mejorar la sanidad, según se ha podido comprobar en el Encuentro de Parlamentarios de Sanidad organizado por Sanitaria 2000, editora de Redacción Médica. Los demás grupos se mostraron anclados en una crítica continuada, en la que no se vislumbra ninguna alternativa creíble al modelo del PP.

La cita ha registrado un debate a cuatro entre los portavoces de los grupos con representación en la Asamblea que ha servido, sobre todo, para comprobar la solidez de los argumentos del PP. Su portavoz de Sanidad, Javier Rodríguez, se ha empleado a fondo para replicar las constantes críticas recibidas, sin solución de continuidad, por sus tres homólogos de la oposición, José Manuel Freire (PSOE), Rubén Bejarano (IU) y Enrique Normand (UPyD). No sólo eso: también ha respondido a algunos de los asistentes al debate y lo ha hecho con entereza y, lo que es más importante, con credibilidad.

Tiene razón el PP cuando dice que la oposición no parece tener un plan alternativo. “Sólo saben organizar la que han organizado”, dijo gráficamente el portavoz Rodríguez, en referencia a las manifestaciones y mareas blancas que vienen sucediéndose en Madrid, y también en otras partes de España. Desde luego, en los mensajes de los grupos de la oposición se oyen con más claridad sus críticas al plan del PP que sus planteamientos para mejorar el sistema. Siempre es más fácil lo primero que lo segundo.

Es claro que el proceso de externalización se ha convertido en una falla casi insalvable en la relación entre los partidos. Su creciente judicialización, y la actual parálisis del proceso, con consecuencias sobre los profesionales, los pacientes y hasta las empresas adjudicatarias, han dificultado al máximo el desarrollo de un debate sereno sobre la esencia de la cuestión.  Es más, es un asunto que parece contaminar el resto del debate sanitario madrileño. A día de hoy, es evidente que el acuerdo es sencillamente imposible e impensable y, lamentable y esperemos excepcionalmente, tendrá que ser  un juez el que determine el rumbo de los acontecimientos.

Este desencuentro tan profundo en la forma de gestionar los hospitales –o en el futuro de la Ley Antitabaco-se termina trasladando a otras materias como la coordinación sociosanitaria o la jornada de tarde en las que quizá se podrían alcanzar consensos, pero la situación política no lo permite.

Puede que Madrid esté acogiendo el debate sanitario más enconado desde que comenzó la crisis. No hay autonomía en la que la discrepancia política sea tan palpable y, lo que es peor, no haya visos de que la situación se pueda reconducir hacia el consenso. Pero es en estas ocasiones cuando es preciso recordar que el acuerdo es lo que más desea el sector en su conjunto, y que las reformas y los cambios que se introducen con amplias mayorías políticas, profesionales y sociales terminan durando más tiempo y su efectividad en la práctica es mucho mayor. Ahora bien, cuando el acuerdo no es posible, el partido en el Gobierno tiene la responsabilidad y la obligación de gobernar, adoptando aquellas medidas que entienda mejores para la mayoría de los ciudadanos. En este sentido, el PP tiene una propuesta de mejora para la sanidad de Madrid que no presenta alternativa. Y que, si los jueces tienen a bien permitirlo, debería aplicarse hasta sus últimas consecuencias.