Cuenta la mitología griega que Teseo, hijo del rey de Atenas, antes del que sería el momento vital que le catapultó a la fama: la muerte del minotauro, tuvo la habilidad de enamorar a Ariadna, hija a su vez del rey de Creta. Fue ella quien le proporcionó tanto la pócima para acabar con el monstruo como un enorme ovillo de hilo que debía servir al héroe ateniense para encontrar el camino que le sacara del laberinto donde vivía el pobre minotauro. Decididamente en esta relación la capacidad intelectiva estaba inclinada (como casi siempre) hacia el lado femenino y es por tanto de estricta justicia que la historia, haya pasado a llamar "el hilo de Ariadna" al instrumento de que nos valemos para encontrar el camino que conduce a solucionar un problema complicado. No debe confundirse con "el velo de Penélope", aquel que se tejía y se destejía continuamente mientras Ulises seguía sin llegar.

Y es que hay situaciones que, a fuerza de enredarse continuamente, piden a gritos que alguien sea capaz de encontrar el dichoso hilo a ver si de una vez se encuentra una solución razonable. Una de estas situaciones que no hay manera de desencallar a pesar de que parezca lo contrario es la protección sociolaboral de personas que deciden donar en vida un riñón o un fragmento de hígado a un familiar para ser trasplantado.

Son cifras muy pequeñas. En el caso del riñón el pasado año fueron 332 las donaciones de vivo (un 10 por ciento del total) tras un máximo de 423 en 2014 mientras que para el hígado son alrededor de 25-30 al año (un 2-3 por ciento), la gran mayoría de padres a niños pequeños. Desde el punto de vista médico la donación de vivo es claramente mejor para el enfermo renal, con mayor supervivencia del trasplante, y óptima si se hace antes de entrar en diálisis, aparte el considerable ahorro económico para el estado que conlleva todo trasplante renal. Para los niños que reciben un fragmento de hígado, la tercera parte de los trasplantes hepáticos infantiles, supone un menor tiempo en lista de espera, unos buenos resultados y en principio el ahorro de un hígado de donante fallecido que se utilizará para una tercera persona, niño o adulto. 

Muchas cosas positivas pero un problema que viene de lejos. Tanto la ley de 1979 como los sucesivos decretos que regulan la donación de órganos sólo recogen que se deberá proporcionar al donante vivo asistencia sanitaria para su restablecimiento, mientras que la Ley General de la Seguridad Social, señala que una incapacidad temporal requiere la alteración de la salud derivada de enfermedad o accidente, situaciones ambas que no se dan en un donante vivo que por definición debe gozar de muy buena salud.

En efecto podría entenderse por esta ley que el donante, al no estar enfermo previamente ni haber sufrido accidente, no reúne los requisitos para disfrutar de la baja laboral ni de la prestación correspondiente. La crisis y el aumento de estas intervenciones, testimoniales a principio de siglo, pero crecientes hasta hace unos años han aflorado el problema, difícil de cuantificar, pero en todo caso preocupante. Al menos en un caso condicionó un despido laboral con maneras muy poco edificantes y en un porcentaje significativo un mayor o menor conflicto entre la empresa y el trabajador donante ya que no solo es la intervención quirúrgica sino las diversas exploraciones previas, las revisiones y las eventuales complicaciones que puedan aparecer. No suele haber problemas con las empresas públicas, pero si con las privadas y sobre todo con los autónomos.

Una dificultad añadida es que, aunque el sistema de trasplantes tenga identificado el problema desde hace años, la posibilidad de solucionarlo de una forma integrada corresponde a otras instancias con mucho más peso en los sucesivos gobiernos (trabajo, economía, administraciones públicas…) y la verdad es que estos ministerios nunca han estado por la labor, según ellos ante la idea de que otros colectivos pudieran pedir consideración similar.

De ahí que los sucesivos intentos de la ONT y las justas reclamaciones de las asociaciones de enfermos hayan caído en saco roto. Su introducción en el último decreto sobre trasplantes de órganos de 2012 se frustró ante la certeza de bloqueo de este en el paso por otros ministerios en caso de mantener la redacción propuesta.

A principios de 2017 se planteó formalmente el asunto ante la Comisión de Sanidad del Congreso por parte de Alcer (enfermos renales), la Sociedad Española de Nefrología y la ONT. A tiempo, la asociación HEPA (padres de niños trasplantados hepáticos) hizo públicos algunos de sus casos con recogida de firmas en change.org, al tiempo que los medios de comunicación se hacían eco del problema. Una propuesta muy clara: dar al donante de órganos una protección sociolaboral similar a la de las embarazadas comenzó a abrir la vía de que el asunto se tratara en Congreso, Senado, algunos parlamentos autonómicos y algunas consejerías de sanidad como la madrileña.

Pero de momento todo sigue igual. Los cambios de gobierno han frenado los contactos con el INSS, y no ha ayudado el haber tenido una ministra de sanidad cada seis meses. Las iniciativas autonómicas no han cristalizado en nada tangible y tan solo tenemos varios pronunciamientos favorables de Senado y Congreso, el último de hace unos días en forma de PNL (proposición no de ley) que acabaron suscribiendo todos los diputados menos uno (¿despistado u objetor contra los trasplantes?). Todo muy ejemplificante pero que puede quedar en nada como tantas otras PNL, si la resistencia de los núcleos duros de la Seguridad Social y Hacienda sigue imponiendo su criterio, aunque no sea más que por aburrimiento.

En los años ochenta triunfó en las entonces recién creadas y aún no tan politizadas televisiones autonómicas una serie deliciosa de la BBC británica denominada "Si Ministro". Era una sátira del poder del alto funcionariado, que casi siempre lograba imponer su criterio al de los políticos poco expertos que iban desfilando por los distintos ministerios y hasta por el 10 de Downing Street y que ni sabían ni podían ni a veces querían sacar adelante sus proyectos frente a la resistencia pasiva o activa de los funcionarios. En temas como éste se ve que no estamos tan lejos de los británicos a pesar del Brexit.