21 nov 2018 | Actualizado: 09:20
Pere Camprubí i García, decano del Colegio Oficial de Biólogos
Dom 23 octubre. 19.10H
El segundo escándalo/caso “Soria”, el que estalló a principios del mes de agosto de 2016, ha puesto de relieve, entre otras cosas, el enorme poder que poseen y ejercen discretamente los miembros que conforman los “altos” cuerpos de funcionarios del Estado, expertos en prácticamente todo1. A la vista de lo visto, no sorprende que, cuando los partidos políticos prometen reformar las administraciones públicas de su competencia, inequívocamente silencien el poner en su sitio a los componentes de esos cuerpos de élite.

Los biólogos hemos sufrido en nuestras carnes profesionales el cómo las gastan algunos “altos” cargos no-políticos de las administraciones públicas, en especial de la Administración General del Estado. Atendido que Redacción Médica dirige su atención a los asuntos de Salud, me limitaré a exponer algo que está ocurriendo en estas últimas semanas en la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (en adelante, DGOP), para que además también quede claro que no es flor de un día el conchabeo que se llevan los miembros del cuerpo superior de técnicos comerciales y economistas del Estado con el asunto de cubrir una plaza de alto cargo del Banco Mundial.

La noción de troncalidad es una de las innovaciones introducidas por la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (en adelante, LOPS). Pues bien, ha tenido que pasar más de una década (RD 639/2014, de 25 de julio), para empezar su desarrollo; ahora, al cabo de 13 años de su existencia nominal, la troncalidad aún no ha sido desarrollada totalmente por los “altos” cargos de la DGOP, quienes se supone que son expertos en la materia. Atendido que Juan Antonio López Blanco lleva ejerciendo de subdirector general en la DGOP desde hace muchos años, con tres directores generales de la DGOP de gobiernos de España soportados por dos mayorías parlamentarias distintas (¡¡o no tan distintas en materia sanitaria!!), estoy seguro de que conoce perfectamente el por qué del enorme retraso en la puesta en marcha efectiva de la troncalidad y, por tanto, considero que es necesario que, desde su privilegiada y exclusiva perspectiva histórica, él lo explique públicamente: si se debe a poco interés de sus jefes, a presiones de ciertas profesiones (¡ya adelanto que los biólogos no hemos hecho nada para ese retraso!) o, incluso, a su propio poco interés en que la troncalidad salga adelante, desarrollándose de manera equitativa.

Mientras esperamos sus explicaciones al respecto, vale la pena comentar públicamente que, sobre la futura troncalidad de Laboratorio Clínico, en referencia al asunto de las relaciones más o menos directas de los biólogos con los pacientes en el ámbito de nuestras competencias profesionales:

1. Juan Antonio López Blanco se opone a la continuidad de dichas relaciones, discrepando de la opinión expresada por su superior2 jerárquico.

2. Para mantener su posición, Juan Antonio López Blanco blandió las conclusiones de un informe de un abogado del Estado (el cuerpo de las puertas giratorias consecutivas e interrumpidas, cuyos miembros pueden compatibilizar su actividad empresarial con asesoramiento a particulares3), cual Tizona flamígera, azote de infieles.

Su actuación me permite sacar al menos tres conclusiones provisionales:

1. Después de más de 30 años de existencia de la formación de Biólogo Interno Residente, ahora un abogado de Estado informa de la exigencia legal de restringir el ámbito de nuestras actividades profesionales en el ámbito de la Sanidad y en concreto de nuestras relaciones profesionales con los usuarios de la Sanidad española; o bien la Abogacía del Estado hace su trabajo tarde (o sea, mal) o bien el referido informe se ha hecho a demanda de quienes quieren apartar a los biólogos de nuestra Sanidad, volviendo a la situación anterior a la del ministro Ernest Lluch Martín.

2. Mostrar las conclusiones de un informe sin permitir el acceso a su totalidad genera indefensión de parte; tal comportamiento solamente puede calificarse de arbitrario y falto de transparencia, a la espera de una convincente justificación de tal ocultación.

3. Así pues, tenemos 1) los muchos años que Juan Antonio López Blanco lleva ocupando distintos puestos de trabajo en la DGOP, 2) su falta de comedimiento al discrepar de lo manifestado por el director general de la DGOP y 3) su supuesta vulneración del derecho de defensa en el ámbito administrativo. Por consiguiente, me atrevo a parafrasear a Pep Guardiola, y decir que ese subdirector general se comporta como si fuera el amo de dicha Dirección General.

Me reafirmo en mi opinión de que determinados “altos” cargos no deben ser profesionales del sector en el que tienen responsabilidades, ya que:

1. Es muy fácil que, sobre personas y acciones, tengan ideas sesgadas y prejuicios adquiridos durante su ejercicio profesional previo a su nombramiento, y

2. Aunque sea de manera inconsciente, su toma de decisiones puede estar influida por cuál será su devenir profesional, una vez abandonada su responsabilidad en una administración pública.



1.  La afirmación no es gratuita; por ejemplo, cuando los últimos intentos de reforma de los colegios profesionales y las profesiones tituladas, los “altos” expertos del Ministerio de Economía y Hacienda decidían sobre las competencias de los profesionales que trabajan en la Sanidad española.

2. O sea, entre los funcionarios, hay cuerpos superiores y cuerpos a secas.

3.  Este problema jamás aparece en las propuestas de reforma de la Administración Pública ¿Por qué?