Se viene denunciando desde hace algunos años: la Sanidad Española se encamina peligrosamente hacia la precarización por la falta creciente de medios y personal sanitario para atender adecuadamente a la población.

Queremos seguir disponiendo de una Sanidad que sea referencia a nivel mundial, pero no a costa del esfuerzo ímprobo de profesionales que tengan que soportar el peso de la asistencia sanitaria. No son casualidad las recientes huelgas en Galicia y en Navarra en las que los profesionales del sector exigen más medios y personal. Cantabria y Extremadura también se han movilizado en sus reclamaciones a las Consejerías correspondientes. Es evidente que para ofrecer un servicio mínimo de calidad este modelo no es sostenible.

En el ámbito de los seguros, y más concretamente en la responsabilidad civil sanitaria, sucede algo similar: no se puede garantizar un servicio y nivel de cobertura adecuados reduciendo los recursos. Un claro ejemplo lo encontramos en Andalucía y Murcia: tras quedar desiertos los concursos después de la salida de la anterior compañía aseguradora, AIG se hizo con estos contratos al ser la única que se presentó a esta licitación; las condiciones fueron a la baja en comparación a los años anteriores y, al año de firmarlos, la compañía norteamericana ha anunciado que no va a renovar el contrato a su término. Mucho riesgo para la aseguradora, pero mayor aún para los profesionales sanitarios.

Ahora el médico necesita más protección


En este entorno en el que los médicos se encuentran con mayor presión asistencial y con menos medios, tanto materiales como humanos, no es precisamente el momento de apostar a la baja en sus seguros, ya que hay un mayor riesgo de reclamación. No es casualidad que estemos viendo en los últimos años un crecimiento sostenido en las demandas que reciben los profesionales de la salud.


"Los pacientes perciben una atención deficitaria y, cuando se sienten perjudicados, arremeten contra la cara más visible del sistema: el médico"


Los pacientes perciben una atención deficitaria y, cuando se sienten perjudicados, arremeten contra la cara más visible de este sistema: el médico. Es ahora cuando hay que tener mayor protección, porque es cuando más se necesita.

En cuanto a los medios que se necesitan para diagnosticar y curar, podemos fijarnos en un dato: es muy llamativo el informe del año pasado de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), en el que estimaba una inversión necesaria para actualizar el equipamiento sanitario en los próximos cuatro años de, aproximadamente, unos 1.400 millones de euros, tanto en la sanidad pública como en la privada. Hay que afrontar la obsolescencia con nuevas inversiones que permitan renovar la infraestructura que sostiene la asistencia sanitaria y la investigación.

También en este punto se ha sufrido el recorte en las condiciones de los concursos públicos. En Murcia se presentó el año pasado la licitación del servicio de terapias respiratorias domiciliarias. A los tradicionales actores de ese sector se sumaron dos compañías nuevas, sin experiencia en el sector. Vaya por delante que no pretendo demonizar a ningún nuevo actor, pero creo que es razonable que al menos se exija un mínimo que permita cumplir con los compromisos, especialmente, hacia sus usuarios. Ya sean gases medicinales o seguros, es fundamental la experiencia. Como hemos visto, fijarnos solo en el precio lleva a la precarización, a los recortes en servicios. No prescindamos de la protección, cuando más la necesitamos.