Un alto cargo del Ministerio de Sanidad ha dicho recientemente en la UE, en un encuentro para abordar los retos en el acceso a productos sanitarios y reforzar las capacidades farmacéuticas del sector público, que para garantizar que la colaboración público-privada pueda darse dentro de un marco de equidad y de acceso a la Salud hay tres aspectos que deben ser fundamentales: 

  1. Liderazgo público
  2. Anteponer los intereses sociales a los empresariales
  3. Que esa colaboración tiene que tener como función disminuir la dependencia de las instituciones públicas con respecto a la instituciones privadas, porque la colaboración público-privada no va de rendición de cuentas sino de distribución de poder.

En verdad, en un contexto político como en el que nos movemos en Europa, la socialdemocracia como eje sobre el que se construye una sociedad que aspira a alcanzar la Justicia social, lo que dice podría ser razonable y en lo sustancial lo comparto porque es obvio que es bueno que los Estados tengan sus propios medios para garantizar esa atención en condiciones equitativas para su población, pero creo que parte de un principio ligeramente distorsionado y que choca de frente con la realidad: el Estado, como empresa pública, bajo mi criterio, juega como cualquier otro agente en el mercado de la oferta y la demanda y por tanto, aunque no le faltan buenas intenciones en sus pretensiones, la mayor herramienta que tiene de influir en la colaboración público-privada no viene de su aptitud o de su actitud, si no de su capacidad de intervención a través de la regulación legal, lo cual, llegado el caso, primero puede ser en sí mismo injusto, por abusivo, y segundo puede ir directamente en detrimento de la competencia con otras empresas dentro de la propia UE y de la de los países fuera de ella.


Compendio público-privado 


Además, según el razonamiento inicial, más allá del interés social que pudieran tener las empresas privadas, que también lo tienen en cuenta, ¿cuál es el aliciente que pueden tener para dejarse “comer” el terreno por parte de la empresa pública a fin de redistribuir ese poder?, más allá del hecho de que un Estado amenazante les perjudique con la legislación.

La colaboración pública-privada, en realidad, tiene grado de interacción inverso porque es el sector privado el que colabora con el sector público para que el primero le complemente con sus recursos, con su capacidad de innovar al no estar sujeto a la lenta burocracia del sector público, o simplemente con un régimen laboral más flexible que redunda en una mayor productividad e incluso eficiencia. Es decir, redistribuir parte de ese poder implica que el sector privado le dé al sector público herramientas para ser un poquito más competitivo.

Así se puede ver, por ejemplo, en el caso de la nueva empresa farmacéutica “pública” en la cual el 51 por ciento de la misma pertenece a empresas privadas, en un claro ejemplo de que más allá de que se vele por el interés social - como se puede contemplar también desde el punto de vista de las empresas que participan - para que podamos innovar y disponer de fármacos más baratos para todos, no se puede interpretar como que el que va al rescate de lo privado es lo público, si no al revés, porque que si no fuera por las capacidades del sector privado, el público no podría por sí sólo conseguir esos objetivos. Porque, además, huelga decir que si lo pudiera hacer solo no contaría con el sector privado.


Estrategias para el impulso de los sectores


Y sería muy bueno promover más iniciativas como esta para otros campos más allá de la innovación farmacéutica, como la reserva estratégica de insumos o la innovación en la inversión de aplicaciones digitales, pero hay que partir del hecho real de que en la actualidad quién necesita a quien es el sector público al sector privado y no al contrario, o al menos, partamos de una situación de empate - o de empatía recíproca - y no de una supuesta superioridad por parte del sector público que hace que los otros intereses que pueda tener el sector privado, como el muy legítimo de ganar dinero, parezca que tengan que ser inferiores porque, primero también es justo, y segundo, todo el mundo sabe también lo que aporta que las empresas ganen dinero en términos de empleo, aportación de valor a la sociedad o generación de impuestos.

Así pues, alabo las pretensiones de nuestro representante político pero supongo que si afrontáramos la colaboración público-privada, o privada-pública desde un punto de vista más equitativo, teniendo en cuenta también los intereses legítimos del sector privado y que se diera mayor seguridad jurídica, podría haber muchas más iniciativas como esta última que acaba de ver la luz y eso redundaría en una sociedad mucho más competitiva e innovadora.

Y por cierto estamos hablando de iniciativas conjuntas para promover la innovación en nuestro país. Si hablamos de colaborar para cubrir las necesidades básicas para poder dar una asistencia sanitaria correcta en tiempo a la población, creo que el nivel de empatía por parte de la administración debería de ser todavía mucho mayor. Y, ¿se podrían también contemplar empresas “públicas” con coparticipación de empresas privadas para la gestión de hospitales dentro del SNS y así garantizar que al menos sean productivos? Sería, en cualquier caso, una nueva forma de colaboración público-privada en Sanidad que podría explorarse para sacar del letargo a nuestro sistema sanitario público haciendo a la administración y a las empresas copartícipes de esos proyectos y garantizar los intereses de cada uno.