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2 abr. 2017 11:30H
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No hay más que darse una vuelta a diario por la prensa nacional, autonómica o regional para caer en la cuenta de “la caza de brujas” a la que está siendo sometido el sector sanitario privado en general y la colaboración público privada en particular.

Cualquier documento oficial de cualquier Consejería de Sanidad, con independencia de su signo ideológico, sólo tiene como objetivo disminuir la colaboración público-privada, disminuir las derivaciones para las listas de espera quirúrgica o revertir o anular las fórmulas de gestión privada para recuperar la gestión directa por la administración. Y para aumentar más la presión y poner más palos al sector sanitario privado, en algunas comunidades autónomas se ponen dificultades impidiendo a los profesionales el poder complementar su exiguo salario en el sistema público con la actividad privada. Así, por ejemplo, la comunidad de Murcia, en concreto, acaba de anunciar el cese de 29 jefes de servicio por trabajar en la sanidad privada; a 29 jefes de servicio, ni más ni menos. Todavía estoy a la espera de ver si alguna institución que represente a los profesionales, ya sea colegio o sindicato, regional o nacional, saca la cabeza de debajo del ala y dice algo en favor de los médicos a los que se supone que representan, porque todas estas actuaciones están en relación con un supuesto fraude al presuponer que los profesionales se benefician lucrativamente de esta situación por derivarse a ellos mismos pacientes de la lista de espera del sistema público.

Esta estrategia, síntoma de una barbarie ideológica de la cual se están contagiando todos los partidos políticos y dejando llevar las instituciones del sector, no lleva a otra cosa más que al empobrecimiento del sistema sanitario público y con ello a la disminución de su calidad y de su competencia. Desde los años que empezó la crisis financiera internacional, siendo ahora, todos bastante más mayores y con más enfermedades crónicas, el presupuesto de la sanidad pública ha disminuido un 13 por ciento estando en la actualidad en niveles del 2007. Por el contrario y en el mismo periodo, el gasto sanitario privado ha crecido casi el 20 por ciento, representando actualmente más del 30 por ciento del gasto sanitario total. Mientras tanto, las administraciones que están tan preocupadas por la disminución de las listas de espera, no les interesa ver que el número de ciudadanos con un doble aseguramiento ha crecido, en los últimos 5 años, 1 millón de personas alcanzando ya la friolera de 7,6 millones de personas con un sistema sanitario público, en teoría de máximas coberturas prestacionales y con alcance universal. Y yo me pregunto ¿hay mayor fracaso para un sistema sanitario público de nuestras características que todo el que pueda se haga un seguro privado?

La estrategia por la defensa de la sanidad pública es una estrategia obviamente equivocada porque quien lo hace no le importa en realidad la calidad asistencial que proporcione el sistema sino únicamente el modelo de gestión en el que se basa. Ante las dificultades económicas del sector público y su empeño por aislar al sector privado sólo se está produciendo que éste adquiera mayor protagonismo y competencia en detrimento del primero, ahondando esta diferencia especialmente en la actualización de la innovación tecnológica. Y además ahora el sector privado tiene algo que hasta ahora no estaba a su alcance para poder dar una calidad excelente en los procesos más complejos: la masa crítica de pacientes. La estrategia es equivocada porque los datos así lo corroboran. El sistema público cada vez da peor asistencia y la asistencia sanitaria privada crece de forma imparable.


Defender la sanidad pública no es aislarla. Defender la sanidad pública es asumir que no ya de ahora, si no desde el principio del sistema sanitario público, el sector sanitario privado ha sido un colaborador necesario para que la oferta del sistema pudiera llegar a todos los ciudadanos, porque la sanidad pública, es decir la sanidad propiedad del Estado, en ningún momento ha sido capaz por sí sola de dar cobertura a las necesidades de la población. No nos olvidemos que hasta el plan de estabilización y modernización de los años 60, en España, no había más instituciones sanitarias públicas que las que daban cobertura a las enfermedades mentales y a los procesos infecto contagiosos y que no ha sido hasta las transferencias de los años 90 cuando se ha empezado a construir la provisión sanitaria pública de gran cantidad de comunidades autónomas y eso sin tener en cuenta aquellas, como Cataluña o Andalucía, que para poder completar la provisión pública tuvieron que añadir a su oferta redes enteras de centros hospitalarios privados.

Defender la sanidad pública es ser consciente del daño que la crisis financiera ha producido sobre el gasto y la inversión de un sistema sanitario público que se ha quedado atrás tecnológicamente y no va a recuperar ese tren primero porque no ha recuperado, ni de lejos, el nivel de gasto sanitario necesario, y segundo porque cada vez surgen mayores necesidades en el entorno socio-sanitario que implican que si le sobra un euro al sistema hay que invertirlo primero en esas necesidades. Mientras tanto el sector sanitario privado ha seguido creciendo e invirtiendo según le han reclamado los usuarios que lo utilizan, completando una oferta tecnológica que dado el aislamiento al que se somete a la provisión privada sólo está al alcance de los que tienen un seguro sanitario.

Defender la sanidad pública es darse cuenta de que impidiendo a los profesionales poder compatibilizar la actividad privada con la pública, o “descabezándola” de sus jefes de servicio, sólo va a acabar produciendo que los mejores se vayan del sector público descapitalizando al mismo. La única consecuencia que tiene cesar a los profesionales del sector público por trabajar en su tiempo libre en el sector privado es destrozarla y condenarla a la mediocridad.
En el fondo defender la sanidad pública, como se está haciendo, solo obedece a la defensa del sistema de gestión público tal y como lo entiende a quien le interesa mantenerlo. Defender el sistema sanitario público, como se pretende hacer, es defender un modelo de gestión que en nada tiene que ver con dar una asistencia pública de máximas garantías, coberturas y alcance a los ciudadanos. Defender la sanidad pública, como se está haciendo, sólo lleva al deterioro de la asistencia sanitaria de los ciudadanos y ahí están los datos para corroborarlo.

Por tanto sanidad pública, por supuesto que sí, pero con el modelo que de la mayor cobertura y la mejor calidad que sea posible para el cuidado y mantenimiento de la salud de los ciudadanos.

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