13 nov 2018 | Actualizado: 18:50
Por Ismael Sánchez, director editorial de Sanitaria 2000
Dom 30 marzo. 20.20H
Eso del Derecho Sanitario nos sonaba a chino a unos pocos, a los más advenedizos, a los que, en realidad, casi todo el sector y sus cosas sonaban a permanente descubrimiento. Pero lo del Derecho Sanitario era aún más raro porque hablando de Derecho lo que sonaba era el Derecho Romano, el Derecho Penal o el Derecho Civil. Pero el Derecho Sanitario, no. Era extraño porque era nuevo y lo nuevo siempre aturde, más a los consagrados que a los advenedizos. Pues bien, en aquella irrupción del Derecho Sanitario, Javier Sánchez Caro fue uno de sus más ilustres impulsores. A punto de alcanzar la jubilación, le acaban de montar un homenaje en vida, que es la mejor manera de homenajear, porque los homenajes a muertos tienen mucho de descuido y mala conciencia de los vivos.

Su figura erguida, seria, deja poco espacio a la tontería. Más que abogado, parece todo un juez. Era el director de la Asesoría Jurídica del Insalud, y en algunas ocasiones, parecía mandar más que el propio ministro. De una manera u otra, los grandes conflictos y polémicas sanitarias del momento terminaban en su despacho, y él siempre parecía decir la última palabra, que no era lo primero que se le venía a la cabeza, sino un argumento muy reflexionado y muy jurídico. Le rondó la tentación política, más de la declaración que del cargo, pero siempre se mantuvo fiel al Derecho y nunca cedió al partidismo: las cosas era como eran si estaban en las leyes; él solo se encargaba de buscar la referencia y el artículo. El juicio de valor se lo dejaba a otros, que seguramente hablaban con menos conocimiento de causa que él.

Su indudable aportación a la disciplina no ha logrado, ni muchísimo menos, cerrar su definición. Tampoco lo pretendía. En efecto, todavía hay temas donde es complicado sentenciar a la primera: ¿cómo tratar la intimidad referida a la salud? ¿Y a la información? ¿Y cómo diferenciar entre obligación de medios y obligación de resultados? Ni Sánchez Caro lo sabe. Con todo, los avances en estas últimas décadas son indudables. Gracias, por ejemplo, a la Ley de Autonomía del Paciente, que permitió reformular la relación clínica con el médico. Pero todavía hay materias que merecen una mejor regulación: el testamento vital, el secreto médico, las intervenciones obligatorias, los discapacitados mentales, las enfermedades raras… No cabe duda de que el Derecho Sanitario, de tan joven e incompleto, tiene todo el futuro por delante.

Su impecable posición jurídica, todo rigor y garantía, la ha llevado hasta los asuntos más controvertidos, como la dichosa privatización, que considera, por encima de cualquier otra valoración, peyorativa. Desde luego, en uno de los ámbitos por los que él siempre ha mostrado mayor preocupación, los derechos de los pacientes, es indiferente que los centros sean de gestión pública o privada.

Esa legalidad que empapa cualquier declaración suya le llevó a aconsejar la efectiva liquidación del Insalud, el organismo que seguramente le otorgó mayor relevancia en su vida profesional. No tuvo reparos en decir que el mantenimiento del Insalud, una vez realizada la transferencia de las competencias a los servicios autonómicos de salud, hubiera sido una ficción legal que no podía sostenerse de modo alguno. Quizá alguien podría haber reclamado el mantenimiento del instituto para otros menesteres o por si las moscas, por si las autonomías no acertaban a gestionar, pero él no. Otra vez, las cosas no son como son, sino como dice la ley.

Sánchez Caro cree como pocos en el valor de la información, y en concreto, la información sanitaria, a la que otorga el mismo valor dentro del proceso clínico que la toma de constantes vitales o la auscultación del corazón. Y también es un convencido de lo que, hace solo unas décadas, era impensable: la autonomía y responsabilidad del paciente, características que han permitido dejar atrás definitivamente el modelo de beneficencia, mucho antes de lo que quizá él imaginó. Y a lo que, sin duda, ha contribuido como pocos, específicamente en su articulación y comprensión legal.