14 nov 2018 | Actualizado: 21:20
Vie 13 diciembre. 15.23H

Si de algo ha servido, hasta el momento, la tramitación del anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales ha sido para que los colegios profesionales sanitarios tengan un nuevo motivo de queja, casi unánimemente compartido, hacia el Gobierno, a través en este caso del Ministerio de Economía y Competitividad. Es su titular, Luis de Guindos, y no otro -como acertadamente reflejó Revista Médica al abordar este tema- el responsable de desconfiar por sistema de unas corporaciones y de unos profesionales cuyo comportamiento ético y capacidad de autorregulación están suficientemente demostrados.

Más allá de las disputas en torno a quién debe establecer cuándo se da -o puede llegar a darse- un conflicto de intereses al ocupar varios cargos, el debate organizado por Sanitaria 2000 sobre el problema de las incompatibilidades ha tenido una virtud elemental: poner sobre la mesa que los colegios sanitarios y sus responsables están de acuerdo en que su honorabilidad y trayectoria ejemplar están (o deberían estar) fuera de toda duda. Portavoces autorizados de los colectivos de médicos, enfermeros y odontólogos han venido a coincidir en que sus profesiones no se merecen la sospecha permanente que el anteproyecto de ley lanza indiscriminadamente sobre todos al fijar un régimen de incompatibilidades tan estricto como probablemente innecesario.

En realidad, las incompatibilidades serían otra prueba más de que la Administración no termina de confiar en los colegios y no les deja llevar a cabo su reconocida capacidad de autoridad pública, en constante cuestionamiento por los hechos más que por los pronunciamientos de gobiernos de todos los colores políticos.

Los colegios señalan con razón que la sospecha administrativa debería dirigirse hacia otros ámbitos: políticos o financieros, por poner solo los ejemplos más evidentes de ámbitos en los que ha habido numerosos casos de irregularidad, cuando no de clara corrupción. Y recuerdan que todavía no hay caso flagrante en el que un presidente colegial se haya enriquecido personalmente a costa de las cuotas de sus colegiados o que un colegio haya tenido que ser rescatado con dinero público por el deficiente control y gestión de sus cuentas y patrimonio.

Este acuerdo en la consideración exquisita de los colegios y de sus juntas directivas no se traslada sin embargo a la manera en la que debe plasmarse la autorregulación. La mayoría profesional parece defender la línea esgrimida en el debate por los presidentes Hidalgo, Urigoitia y Villa Vigil: los conflictos de interés ya están suficientemente contemplados en el código ético, en los estatutos de las corporaciones y hasta en los programas electorales. Los cargos colegiales, que son electos, no lo olvidemos, ya tienen suficientes filtros que aseguran su honorabilidad. Y en último caso, siempre está el criterio del afectado, que, seguramente, advertirá antes que nadie la posible colisión de intereses.

Y luego defienden un argumento inapelable, el de la competencia o, si se quiere, la capacidad, frente a la incompatibilidad. Si un médico, un enfermero o un odontólogo tiene el aprecio y el reconocimiento de sus compañeros, que le eligen para representarles en un colegio, en un sindicato y hasta en una mutua, ¿quién es nadie, y menos la Administración, para poner trabas a esta proclamación impecablemente democrática?

Con todo, sigue habiendo profesionales que prefieren cortar de raíz la tentación, y así evitar el pecado. Máximo González Jurado y Manuel Gómez Benito son los más ilustres y convencidos partidarios de que el cargo colegial solo puede ser cargo colegial. Quizá este posicionamiento, tan respetable como cualquier otro porque está basado en convicciones, no sea más que la excepción de un estado de opinión suficientemente amplio entre los directivos colegiales: que basta ya de la presunción de culpabilidad sobre los profesionales sanitarios representativos, puesto que si algo han demostrado en estos años de crisis es un comportamiento recto y ejemplar que, de haber sido copiado por los responsables de otras instituciones, no habría generado los escándalos conocidos por todos y otros que, con toda probabilidad, aún tendremos que presenciar.