16 nov 2018 | Actualizado: 09:00
Víctor Aznar Marcén, presidente del Sindicato de Enfermería, Satse
Dom 15 marzo. 21.15H
Acaba de celebrarse el Debate sobre el Estado de la Nación y, un año más, hemos oído por boca de nuestros responsables públicos distintas versiones de cómo está nuestro país.

La economía, el empleo, la corrupción… han sido los asuntos principales sobre los que las distintas formaciones políticas han centrado sus intervenciones y, como suele ser habitual, ha habido poco espacio para otros asuntos de gran interés social, caso de la situación de nuestro Sistema Nacional de Salud.

Una sanidad que, como todos sabemos, se ha visto fuertemente golpeada en estos años de crisis, entre otras cosas, por una disminución en su financiación que ha conllevado importante repercusiones en la atención al ciudadano y también en las condiciones de trabajo de sus profesionales.

Resulta, por tanto, absolutamente imprescindible que, una vez que se ha iniciado la recuperación económica de nuestro país, los gestores públicos se comprometan, no en los medios de comunicación o en los mítines electorales, sino en sus respectivos presupuestos a garantizar una financiación acorde con las necesidades reales de los ciudadanos. El objetivo debería ser aumentar, al menos, un 1 por ciento del Producto Interior Bruto.

Más financiación para asegurar la sostenibilidad futura del sistema, sí, y también que ésta llegue en su totalidad a los servicios sanitarios. Es decir, que sea finalista, evitando así que se desvíen recursos a otros fines.

También hay que tener claro que la financiación sanitaria no puede ser una mera asignación lineal de fondos en función exclusivamente del número de habitantes ya que, aunque este es un factor esencial, no es el único a tener en cuenta. Hay que considerar factores como la pirámide de edad, enfermos crónicos, dispersión o accesibilidad geográfica, niveles socio-económicos, zonas de especial aislamiento…

Es fundamental, además, un sistema periódico de revisión de los criterios utilizados a fin de mantenerlos permanentemente actualizados y acordes con una realidad sanitaria que evoluciona permanentemente.

Y no solo hay que hablar, por supuesto, de aumentar los recursos económicos sino de mejorar la financiación sanitaria a través de su optimización, implementando mecanismos de supervisión y auditoría del gasto, y teniendo en cuenta, además, que el control de la gestión abarca no solo a las grandes decisiones y sus gestores sino también a la micro gestión.

En estos años de crisis lo que ha ocurrido es que se ha dejado de lado la introducción de mecanismos de mejora de la eficiencia del sistema y, además, no se ha contado con los profesionales sanitarios para plantearlos y desarrollarlos cuando éstos participan en la gestión y son los responsables de una parte importante del gasto.

Entre otras propuestas para gestionar de manera más eficiente, citar una máxima rentabilidad de los recursos materiales disponibles (TAC, RNM, quirófanos…); la potenciación de la Atención Primaria y una mejor coordinación entre los diferentes niveles asistenciales; una adecuada planificación de los recursos humanos, la centralización de compras, o una mayor inversión en prevención, promoción y educación para la salud.

En definitiva, debe hacerse un esfuerzo por parte de todas las administraciones públicas, organizaciones, profesionales y la ciudadanía en su conjunto para preservar y mejorar un Sistema Nacional de Salud público, financiado vía Presupuestos Generales del Estado, y en el que la igualdad, la cohesión, la equidad y la calidad de la asistencia sean sus ejes principales.