20 nov 2018 | Actualizado: 21:40
Lun 14 septiembre. 13.53H
El Parlamento italiano ha anunciado la tramitación de un proyecto de ley que liberalice las farmacias y ponga fin a los requisitos de propiedad y poblacionales para abrir una botica. Hace un par de meses era Grecia la que, obligada por los compromisos del tercer rescate, tomaba unos pasos parecidos. A finales de la década pasada, Portugal renunciaba a un modelo mediterráneo de farmacia.  

No son pocas las veces que desde Europa (siempre desde instancias económicas, no sanitarias) se ha reclamado a España un cambio en profundidad de su ordenación farmacéutica, exigiendo el fin de la propiedad ligada al título, de los límites de establecimiento según población y distancia o de la exclusividad en la venta de los fármacos de autocuidado. La última, con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (el famoso TTIP). Incluso el propio Ministerio de Economía español ha estado tentado, ley de servicios profesionales mediante, de ‘abrir el melón’ de la liberalización. Y, pese a todos estos envites, el modelo de farmacia mediterráneo aguanta en nuestro país, que se ha convertido, junto con Francia, en el principal defensor de entender la botica como parte del sistema de salud y no como un local comercial.

Resultaría paradójico que, en un momento en que se quiere potenciar la figura del farmacéutico dentro del SNS –Sanidad firmó con ellos unos acuerdos similares a los que rubricó con médicos y enfermeros–, se reduzca la botica a establecimiento de dispensación de fármacos, y el medicamento, a mero producto de consumo.

Ya Navarra lleva realizando un tímido intento liberalizador desde principios de siglo, reduciendo los ratios de población y distancia para permitir la apertura de boticas. El resultado ha sido una bajada en la rentabilidad media debido al gran número de establecimientos que, por otro lado, se han ido abriendo al mismo ritmo que el resto de España una vez superado el ‘boom’ inicial. El beneficio para los pacientes y el sistema, además, está por ver.

Está claro que el farmacéutico realiza un servicio de indudable valor, complementando la labor de médico y enfermero, y garantiza la seguridad y el buen uso del medicamento. Además, está presente allí donde no llega el SNS, zonas escasamente pobladas donde la farmacia es el único establecimiento sanitario, llevando a cabo un servicio público esencial.

Esto no quiere decir inmovilismo. El Consejo General de Farmacéuticos dejó claro en su Declaración de Córdoba su intención de participar más activamente en el sistema en beneficio de todos, y la apuesta por los servicios profesionales como forma de ir más allá de su desempeño tradicional. Los farmacéuticos tienen ganas de colaborar y el SNS los necesita. Los titulares de la cartera ministerial de Sanidad, independientemente de su color, así lo han entendido y han luchado por garantizar este modelo, de tal forma que las ‘amenazas’ al mismo no se han concretado por escrito: incluso el departamento de De Guindos no llegó a presentar en firme un texto para cambiarlo. Los responsables políticos saben que reducir los farmacéuticos a meros suministradores de fármacos es desandar el camino recorrido y regresar hasta la casilla de salida del SNS. Y eso es algo que éste no se puede permitir.