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Viernes, 22 de febrero de 2013, a las 13:57

Por Silvia Quiñones Piquero, titular de oficina de farmacia en Cantabria

Hace escasos días, en un periódico de Cantabria, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos reivindicaba el modelo actual de farmacia del modo que sigue: "El modelo actual no se debe tocar”. Y ello a pesar de reconocer que llevaba a un 25% de las farmacias a una situación crítica.

Posiblemente, expresión tan taxativa arropaba un interés más que una opinión, y es compresible que lo haga, porque al hacerlo, defiende una fuerte situación de privilegio económico, enquistada en la misma esencia de su ser corporativo. Pero causa perplejidad que en su pretensión invoque a los pacientes, a quienes nadie ha preguntado.

En su argumentario, expresaba su temor a que si se liberalizasen las farmacias, se cerraran aquellas que no fuesen rentables. Sin caer en la cuenta de que las farmacias rurales ya se están cerrando.

En una cosa coincido con la presidenta: las grandes cadenas tendrían interés económico en las farmacias, eso sí, en las de poblaciones de más de 1.000 habitantes, interés económico que comparten Colegio y cadenas. Ese mismo interés se muda en desinterés, también compartido, para con las de  ámbito rural; las razones resultan obvias.

Tampoco parece suficiente, ni favorecedora del actual modelo, su simple propuesta de mejora de la formación continuada, pues ésta es especialmente difícil para las farmacias rurales, tan alejadas y dispersas. Y con todo, su exposición adolece, a las claras, de un desconocimiento y una lejanía del Colegio sobre el diagnóstico cierto de los problemas del día a día, a saber: desabastecimientos (muchos fármacos no llegan a las farmacias rurales), inviabilidad económica, necesidades de inversión (receta electrónica y su mantenimiento), modificaciones de la población (descensos o aumentos), adecuación asistencial con reubicación de farmacias rurales…

Responsabilidad de la Administración

Pero, más allá de la opinión del Colegio, lo cierto es que es a la Administración, al Gobierno de Cantabria, a quien corresponde el deber y la obligación de garantizar y planificar la prestación farmacéutica. Asegurando así la viabilidad económica de las farmacias abiertas, favoreciendo su redistribución conforme se  van modificando las poblaciones a las que atienden, vigilando los desabastecimientos, facilitando la formación continuada de todas las farmacias abiertas y permitiendo, al fin, la participación de todas en los programas de protección de la salud, como en la de detección del sida, deshabituación tabáquica, desayunos saludables… todo ello en beneficio de la comunidad a la que sirven. Hasta ahora de nada de esto se ha preocupado; habiendo permanecido la Consejería de Sanidad casi abducida –si se me permite la expresión- por el Colegio de Farmacéuticos.

Porque si fuera cierto que en el actual sistema prima la vertiente sanitaria sobre la económica nadie debiera impedir abrir más farmacias al lado de aquéllas que tienen facturaciones de escándalo (con atención robotizada), o cambiar el sistema de retribución. Permitiendo de este modo una atención más personalizada, junto con una atención farmacéutica y un seguimiento terapéutico más adecuado.

Lo cierto es que si un 25% de las farmacias está en situación crítica el sistema parece que no funciona muy bien. Por eso es difícil entender que los propios farmacéuticos, y en particular su Colegio, no pidan su cambio. Y que los que realmente estamos en situación desesperada no suscitemos ni la solidaridad ni la comprensión del resto. Y más grave aún, si cabe, la inacción correctora  que debiera realizar  la Consejería de Sanidad.

“El modelo actual no se debe tocar”, por la cuenta que le trae, pero es la Consejería quien tiene el deber y la obligación de tutelar el interés general, que no el de unos pocos. ¿Hay alguien en la Consejería de Sanidad?