18 nov 2018 | Actualizado: 14:30
Dom 20 septiembre. 21.36H
Los nuevos gobiernos autonómicos no han esperado a los cien días de rigor para sacudir el polvo y recolocar la sanidad a su gusto. Comunidad Valenciana ha relevado de un plumazo a diez gerentes, Aragón a cuatro gerentes de área echando abajo el área única y Castilla-La Mancha ha decidido eliminar unilateralmente el convenio sanitario con Madrid porque dice que no le beneficia. Un terremoto político en la sanidad que viene a poner de relieve dos hechos: uno, que los nuevos ejecutivos vienen con la idea clara de diferenciarse de los anteriores gobiernos; y dos, que los cambios tienen un tinte político innegable que deja más claro que nunca que la sanidad estará politizada mientras sea de titularidad pública.

En un mundo idílico, la política no debería condicionar la sanidad. Pero en España es evidente que la asistencia sanitaria es una preocupación ciudadana y, por tanto, objetivo y prioridad política. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) así lo refleja todos los meses, y para eso los representantes de los partidos incluyen un ideario sanitario en sus programas políticos en cada convocatoria de elecciones. La confianza en ese programa otorgada por los ciudadanos con su voto legitima de forma directa a los políticos para cumplir ese conjunto de ideas y, de paso, para escoger a los profesionales que crean oportunos para llevarlo a cabo. Eso en democracia es innegable.

Querer desligar la sanidad de la política es un absurdo en la situación actual. En todo caso, una meta alcanzable es que los gerentes y los cargos con más peso político de la gestión sanitaria pública sean profesionales del sector, con conocimiento del mismo, aunque estén a las órdenes del ideario del partido. Un ideario muy bien diferenciado por otra parte entre los dos grandes partidos. Nadie puede negar a estas alturas que los modelos sanitarios del PP y del PSOE son, sin llegar a antagónicos, muy diferentes. Aunque compartan algunos principios básicos, no es la misma sanidad con un partido que con otro.

Puede aumentar o disminuir el grado de autonomía de los profesionales según quién esté al mando, pero la última palabra siempre dependerá del gobierno que salga de las urnas cada cuatro años. La política está en el ADN de la sanidad pública española tal y como está concebida.

Es comprensible que los médicos, los enfermeros, los farmacéuticos, etc. vivan con inquietud los cambios en las direcciones cada vez que se celebran elecciones, pero a estas alturas de la película nadie debería sorprenderse. Los cambios políticos en las gerencias existen desde que existe un sistema sanitario estructurado en España y nada indica que eso vaya a cambiar gobierne quien gobierne. Ni siquiera si toma el poder alguna formación fuera del bipartidismo ¿Alguien duda de que si Podemos o Ciudadanos obtuviera mayoría en alguna comunidad no iba a colocar a hombres y mujeres afines en las gerencias sanitarias?

Vistas las cartas, todas las grandes decisiones a las que estamos asistiendo en este ‘reinicio’ de la política sanitaria española atienden a un propósito, que el electorado perciba el cambio. El mantra de despolitizar la sanidad, mientras el ciudadano decida gobiernos con su voto, siempre será una utopía.