16 nov 2018 | Actualizado: 12:40
Víctor Aznar, presidente del Sindicato de Enfermería Satse
Jue 20 octubre. 11.00H
En 2005 fuimos muchos los compañeros de profesión que vimos más cerca la luz al final del túnel. Después de muchos años de justa reivindicación, el Gobierno publicó el Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería, que venía a sustituir a un anterior RD de 1987, que nunca llegó a desarrollarse.

Una normativa que, como indicaba en su preámbulo, venía a dar respuesta a las necesidades de atención y cuidados especializados de los pacientes y usuarios del Sistema Nacional de Salud, al tiempo que suponía un claro avance en el crecimiento y desarrollo profesional del colectivo enfermero de nuestro país.

Trascurridos más de diez años, lamentablemente nos encontramos en el mismo túnel  y, aunque se han producido avances, la realidad es que falta aún mucho camino por recorrer para salir de él.

En el caso de las especialidades de Enfermería como en tantas otras demandas de nuestra profesión, hemos podido constatar que una cosa es lo que los gobiernos plasman en un papel como acuerdo o norma y otra muy distinta la realidad de su acción gestora.

Si en el papel se prometía el desarrollo efectivo de un total de siete especialidades de enfermería, la realidad es que solo una (Obstetricia-Ginecología) está realmente implantada en todo el país. El resto sufren retraso tras retraso al no existir una decidida voluntad política para que los diferentes servicios autonómicos de salud cuenten con los enfermeros especialistas necesarios.

Los motivos son diversos pero entre ellos destaca el puramente económico, el no querer aumentar los costes de personal. Una vez más, priman el interés cortoplacista de ahorrar recursos aunque resulte claramente perjudicial para ciudadanos y profesionales.

¿O es qué no es de aplastante lógica que a mayor formación y especialización del profesional sanitario, mejor atención y, por tanto, mayor calidad asistencial en el sistema sanitario?

La falta de compromiso de las comunidades autónomas, también achacable al Gobierno central, se refleja claramente en las plazas formativas que ofertan año tras año para los enfermeros que quieren especializarse. Hace escasos días, se conoció la convocatoria oficial de la prueba selectiva de 2017, y éstas volvieran a ofertar menos de las que tenían acreditadas inicialmente.

Asimismo, sigue sin existir la categoría de enfermero especialista en todos los servicios autonómicos de salud, y mucho menos, un plan o estrategia que conlleve la implantación progresiva de los puestos de trabajo que resulten necesarios y que sean remunerados de forma ajustada a su responsabilidad y desempeño.

Culpables son las administraciones autonómicas cierto, pero también un Ministerio de Sanidad que, legislatura tras legislatura, sigue mirando hacia otro lado y no impulsa un acuerdo en el seno del Consejo Interterritorial del SNS que, de una vez por todas, haga realidad práctica lo que hizo norma hace más de una década.

¿Alguien entiende que, en una sociedad como la actual en la que cualquier avance y progreso de futuro en el ámbito económico o social se basa, entre otros factores decisivos, en la especialización de los profesionales correspondientes, aún haya un colectivo vital para el mantenimiento del SNS al que no se le reconoce ni facilita su especialización? Pocos, muy pocos, pero, lamentablemente, son los que mandan.