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18 ene. 2014 19:21H
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Vaya por delante mi declaración de oposición frontal a cualquier tipo de copago en Sanidad… mientras que los responsables de administrar los bienes que los ciudadanos ponemos en sus manos no lo hagan de forma ejemplar y transparente. Es un abuso de poder imponer pagos adicionales al ciudadano mientras se siguen despilfarrando los fondos públicos y haciendo política de oposición con temas tan importantes como la salud. Es, además de un abuso, un despotismo gravar y gravar con tasas e impuestos a los ciudadanos mientras no se hace nada por adelgazar la estructura administrativa española o se siguen consintiendo iniciativas descoordinadas. Les pongo, de nuevo, un ejemplo: se ha permitido el desarrollo de diecisiete modelos de receta electrónica en España, de diecisiete modelos de acceso, incompatibles entre sí, a la historia clínica y farmacoterapéutica de los pacientes, lo que ha obligado al Ministerio a diseñar un sistema de compatibilización de los mismos para que cualquier paciente español pueda ser atendido y retirar sus medicamentos en cualquier oficina de farmacia… de España, cuando lo lógico hubiera sido haber coordinado la implantación de un solo modelo nacional.

Es curioso, sorpresivamente curioso, que la Unión Europea obligue a que se imponga forzosamente el copago hospitalario para cumplir con los objetivos del déficit, y no exija el mismo esfuerzo, y la misma celeridad, en el recorte de gastos innecesarios en sanidad o la coordinación de iniciativas sanitarias para… cumplir los mismos objetivos del déficit.

No obstante, una vez expuestas las divergencias conceptuales sobre el copago hospitalario en las circunstancias actuales, pasemos a analizar las dificultades políticas, técnicas y profesionales surgidas, y en cierto modo esperadas, para su aplicación. Y, por supuesto, cuál podría haber sido la solución. Todo ello, claro está, desde mi humilde visión… desde el Sur.

Desde el punto de vista político, estaba claro que los del gol norte iban a estar en contra de lo que hiciera el gol sur. Lo que no era previsible es lo que ha terminado ocurriendo: que ante el temor de la pérdida de apoyo popular en forma de voto por la utilización electoralista que la oposición ha hecho del tema, hayan sido los propios los que han terminado por pinchar la pelota.

Desde el punto de vista técnico, hay que tener en cuenta que para la implantación del copago hospitalario se han de instalar programas y sistemas informáticos ad hoc; contar con personal adecuadamente formado para su utilización y mantenimiento; contratar un servicio externo que realizara esas funciones; realizar los controles pertinentes; atender las reclamaciones, etc. O sea, como dice el sabio refranero español: que iba a costar más el collar que el perro.

Y desde el punto de vista profesional, eran ya muchas las voces que se escuchaban sobre la negativa a enfrentarse a los pacientes para cobrarles o, simplemente, explicarles el deber o la forma de realizar el pago, entre ellos, muchos farmacéuticos de hospital, médicos, enfermeros o administrativos.

¿Cómo se podría haber solucionado? Contando con la farmacia comunitaria. Pero, ¿otra vez los marrones para la oficina de farmacia y los sufridos farmacéuticos? Para que fuera posible, habría que derogar determinados preceptos legales que nunca debieron promulgarse, como por ejemplo, aquellos que establecieron unos márgenes vejatorios por la dispensación de determinados medicamentos de elevado precio que, aparte de los problemas financieros, ocasionaron serios problemas fiscales pues el recargo de equivalencia a abonar junto al IVA era superior al margen de beneficio. Vamos, que era el farmacéutico de a pie el que costeaba íntegramente el tratamiento a los pacientes.

Finalmente, muchos de esos medicamentos (DH, entre ellos), pasaron al canal hospitalario y a otro capítulo de gastos. Y ahora, por mor de la crisis y los ajustes, es un problema nacional establecer el copago para los mismos.

Corríjanse, pues, los márgenes profesionales de estos medicamentos, de tal manera que puedan ser dispensados en las oficinas de farmacia como los demás, copago incluido.

El problema de la Administración sanitaria española es siempre el mismo, que se olvida que para conseguir el uso racional de los medicamentos es indispensable hacer un uso racional del farmacéutico, por lo que todas las medidas de recorte que se centran en mermar económicamente a los farmacéuticos terminan imposibilitando el correcto funcionamiento de la sanidad.


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