Redacción Médica
23 de julio de 2018 | Actualizado: Lunes a las 10:05
Viernes, 26 de junio de 2015, a las 17:28
La inminente proclamación de sendos gobiernos autonómicos regidos por alianzas entre el Partido Popular y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid y en Murcia, y el constituido en Andalucía entre este último y el Partido Socialista, abre una vía inexplorada por los directivos de la salud en España: la de profesionalizar su figura en las gerencias y altos cargos hospitalarios con el apoyo explícito de las coaliciones gobernantes.

Lo más destacado del panorama en las tres autonomías, en este sentido, debe mirarse por los hechos antes que por las intenciones. En el caso de la murciana, la consejera de Salud, Catalina Lorenzo, ha accedido a las premisas del partido emergido relacionadas con dejar de nombrar a directivos sin previa deliberación pautada y regulada por el Ejecutivo. Toda una muestra de aptitud no solo por parte de  Ciudadanos, sino también de la propia Lorenzo, quien confirma su habilidad para el juego político imprescindible para la estabilidad sanitaria de la Región.

En cuanto a Madrid, todos los partidos con capacidad para gobernar han respaldado, tras el 24-M, el nombramiento por medio de concurso-oposición del grueso de directivos del ámbito de la salud (o, por lo menos, eludir en lo posible su libre designación a menudo ligada a intereses de los gobernantes).

Otro tanto sucede en Andalucía, en la que el gobierno que encabeza Susana Díaz ha incluido, en el punto 23º del acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Socialista, “la limitación de los cargos de libre designación a nivel 30: subdirector general”, de modo que “a todos los puestos por debajo de ese nivel se accederá mediante oposición pública y transparente”.

En este contexto, la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), que preside Joaquín Estévez desde su fundación en 2004, ha manifestado su beneplácito con estas iniciativas encuadrándolas en su principal cometido: acabar con la dependencia del gestor de los poderes públicos no vinculada a resultados y capacidad productiva, sino a caprichos escudados tras los llamados cargos de confianza.

Por eso no está de más sugerir a la propia Sedisa que retome su proyecto de conformar un área de capacitación específica validada por el Ministerio de Sanidad que distinga, a ojos de las administraciones, a los directivos mejor formados de aquellos otros que acceden a ciegas a los puestos de responsabilidad. La tarea está liderada por el secretario general de la organización, Mariano Guerrero, y quedó relegada, al menos en lo que a difusión periodística se refiere, a un último acuerdo tácito pero sin concretar entre la cúpula de Sedisa y el entonces director general de Ordenación Profesional, Javier Castrodeza. Tal vez asistimos a un inmejorable momento político para llevar a buen término este cometido.