21 nov 2018 | Actualizado: 13:15
Por Hiedra García Sampedro, redactora de Sanitaria 2000
Dom 07 septiembre. 18.05H
Un representante de la Administración se ha mojado por fin sobre el superávit de alumnos denunciado por el Foro de la Profesión Médica y ha cortado de raíz la pretensión de una universidad de crear un nuevo título de Medicina. Ha sido el consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, quien no ha podido dejar más claro que su comunidad no podría absorber más médicos, y así ha cerrado prácticamente las puertas al posible Grado en la Universidad de Burgos, como así quería su rector.

A raíz de estas declaraciones del consejero, no han tardado en salir a la luz las críticas al ‘centralismo vallisoletano’ y los resentimientos por la falta de atención a las propuestas localistas de las provincias. De este modo, un problema tan complejo y que debería aunar a los diferentes estamentos públicos se está simplificando a una mera lucha territorial y de poder político; no olvidemos que dentro de unos meses habrá elecciones autonómicas, y que anunciar la creación de la facultad de Medicina consigue votos del electorado. Ya en 2011, en esta misma comunidad autónoma, el candidato a la Alcaldía de León llevaba en su programa la creación de una facultad en la ciudad, una reivindicación histórica que se ha aparcado por ahora, pero que podría retomarse en el periodo preelectoral que viviremos en los próximos meses.

La población de Castilla y León es de 2.519.875 y los alumnos de nuevo ingreso en las dos facultades de la comunidad (Salamanca y Valladolid) son teóricamente 388, por lo que existe una ratio de 1,54 estudiantes por 10.000 habitantes, cuando lo recomendado por los organismos internacionales es un alumno por cada 10.000 ciudadanos. Para el consejero castellanoleonés, en su comunidad hay un “equilibrio razonable” entre oferta y demanda en Medicina y no quiere romperlo con más facultades.

Contrasta con la actuación de su homólogo valenciano, Manuel Llombart, que en su momento echó balones fuera cuando dos universidades (la Católica San Antonio de Alicante y la Mare Nostrum) lanzaron sendos órdagos para instaurar más titulaciones de Medicina, y ya serían siete en la comunidad. Llombart no ofreció su opinión ni a favor ni en contra y se limitó a decir que no es su competencia determinar qué grados son aptos para impartirse.

Está claro que para solucionar un más que probable superávit de médicos los representantes de la Administración deben mostrar su opinión y no ampararse en la burocracia ni en los criterios legales para no intervenir en una peligrosa deriva que dejará una plétora de médicos en paro cuya formación no es solo cuestión de su esfuerzo personal sino de toda una sociedad.