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14 abr. 2013 17:00H
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Vicenç Thomas, Portavoz adjunto Grup Parlamentari Socialista en el Parlament de les Illes Balears

Fue en el año 2001, cuando 28 diputados autonómicos del PP interpusieron una demanda porque consideraban que la consejera de Salud y Consumo del Govern de les Illes Balears estaba en situación de incompatibilidad por ser titular-propietaria de una oficina de farmacia y ejercer la responsabilidad de la consejera y miembro del consejo de gobierno. La sentencia judicial, de 2007, y que está basada en nuestra ley de incompatibilidades, manifestó que: “quedaría afectada por un supuesto de incompatibilidad por el simple hecho de su carácter en abstracto de titular de una oficina de farmacia en las Illes Balears”. Es decir que el simple hecho de ser titular propietario de una farmacia es incompatible con formar parte del consejo de gobierno. El PP exigió la ejecución de la sentencia afirmando que la consejera “ejerció su cargo percibiendo un sueldo público y ejerciendo su cargo sin la debida objetividad, imparcialidad e independencia en el desempeño del mismo. Todos sus actos deben ser declarados nulos de pleno derecho y debe devolver las cantidades percibidas”.

Bajo esta situación de incompatibilidad, el artículo 11 de nuestra ley de ordenación farmacéutica, que regula la figura del farmacéutico substituto por ocupar cargo público, no es aplicable al Sr. Bauzá, al ser incompatible, por la ley de incompatibilidades.

Hay que mencionar que el Sr. Bauzá fue nombrado, en 2005, alcalde de Marratxí, pueblo cercano a Palma, y pidió dedicación exclusiva, asignándosele  un sueldo de 62.000 euros. Por ese motivo tenía que haber solicitado el nombramiento de un farmacéutico substituto, cosa que no hizo hasta que fue requerido, en octubre de 2009, por la consejería de Salut. Probablemente ingresó más de 100.000 euros, que no le correspondían.

Remarcar que la oficina de farmacia del Sr. Bauzá, pese a estar en una urbanización de chalets con poca población cercana, le ha supuesto una facturación al Servicio de Salud de más de 2 millones de euros desde que ocupa el cargo de President (2011-2012).

El Sr. Bauzá suele autodenominarse “transparente”, cuando ha mentido en sus declaraciones oficiales como diputado en el Parlamento de las Islas Baleares. En las de bienes y actividades y en las de patrimonio, efectuadas al inicio de la legislatura. También en sus declaraciones como miembro del Consell de Govern y de President. Ocultó su condición de titular y administrador único de dos empresas: Bauser Internacional y Divino (tienda de vinos) y que obtenía ingresos económicos por la gestión económica de su oficina de farmacia. Todo ello le ha obligado a rectificar su mentira, el lo denomina “olvido” y a hacer una nueva declaración complementaria. Así, ahora si figuran sus empresas, sus acciones, sus propiedades inmobiliarias, su saldo bancario y sus abundantes hipotecas. Paga más de 10.000€ al mes, por estas últimas.

Nuestra ley de incompatibilidades, en sus artículos 2, 3, 4 y 5, establece claramente que ningún miembro del Govern podrá ejercer, por si mismo o mediante substitución ninguna otra actividad.

En sus 32 páginas de alegaciones al procedimiento judicial en curso, en el recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, por su presunta incompatibilidad, el Sr.Bauza autodeclara que “carece de facultades ejecutivas o de gestión”, ostentando únicamente atribuciones de representación y de dirección. Y como tal no es incompatible, según él, pues no tiene ninguna capacidad de dirección ni ejecutiva sobre ninguna consejería. Él mismo se define como “Presidente florero”.

Por todos estos motivos el Grupo Parlamentario Socialista pide que se cumpla la legalidad, se aplique la ley de incompatibilidades que afecta a los miembros del consejo de Govern y que se extiendan los efectos de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 2007 al Sr.Bauzá, President de les Illes Balears.


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