Redacción Médica
24 de septiembre de 2018 | Actualizado: Lunes a las 19:05
Domingo, 26 de mayo de 2013, a las 20:03

 

El Sistema Nacional de Salud sigue registrando medidas de ahorro que, por lo general, no están siendo bien acogidas por los diferentes agentes sanitarios. Una de las últimas y más novedosas iniciativas procede de la Comunidad Valenciana. En el marco de un decreto ley aprobado en marzo en materia de prestación farmacéutica, la Generalitat ha ideado una nueva herramienta para el control de gasto, denominada algoritmo de decisión terapéutica corporativa, que consiste en un sistema clínico con directrices precisas sobre los principios activos coste efectivos que se deben utilizar para determinadas indicaciones o problemas de salud.  Por norma, los algoritmos quedarán incorporados a la toma de decisiones de los médicos valencianos en el ámbito ambulatorio. 

La medida no ha sido bien recibida por el sector. Seis sociedades científicas se han unido en las críticas a la herramienta y han reclamado de inmediato respeto para la libertad de prescripción médica. Sin embargo, la Conselleria sostiene que el algoritmo está consensuado en una Comisión de Posicionamiento Terapéutico, formada por los miembros de nueves sociedades médicas y farmacéuticas.

Ya se ha dicho en otras ocasiones, pero es preciso volver a subrayar que la libertad de prescripción del médico es fundamental para el óptimo ejercicio de la profesión y para no socavar la confianza del paciente en su figura. Con el decreto valenciano en la mano, el médico seguirá siendo médico y mantendrá su autoridad para adoptar la mejor alternativa clínica y farmacoterapéutica. Con todo, hay riesgo de interferencias en la decisión final, que vendrían directamente de la aplicación rígida del algoritmo. Es comprensible, por tanto, que los profesionales se inclinen más por que la nueva herramienta sea una guía orientativa que un protocolo obligatorio e indiscutible.

La comunidad farmacéutica también ha formulado sus críticas. Tanto la Federación de Empresarios Farmacéuticos Españoles (FEFE como los colegios de Farmacéuticos no han querido dar carta blanca al algoritmo y sostienen que en la lectura exhaustiva y pausada del decreto ley se distinguen trazas de inconstitucionalidad.

La industria también está preocupada. Sobre todo, al conocer que las acciones formativas sobre medicamentos en centros de la Comunidad Valenciana tendrán que ser comunicadas a la Administración autonómica con un mes de antelación y el contenido solo será validado si se ajusta a los criterios de los algoritmos. Esta medida ha sido tildada por fuentes del sector de insensatez y los laboratorios, tanto europeos como del territorio nacional, critican la limitación cada vez más estrecha de la actividad formativa y promocional con los médicos.

Hasta el Ministerio de Sanidad se ha sumado a la polémica. Agustín Rivero, director general de Cartera Básica de Servicios de SNS y Farmacia, apoya la movilización de las sociedades médicas que están en contra del algoritmo y confía en no tener que tomar medidas drásticas sobre su aplicación, que nos llevaría seguramente ante el Tribunal Constitucional, en un nuevo encontronazo entre los límites competenciales del Estado y de las autonomías.

Visto lo visto, a la Conselleria no le queda otro camino que reflexionar y abrir de nuevo la discusión sobre el alcance de los algoritmos. Puede que el nuevo sistema no sea ninguna ocurrencia y que incluso cuente con respaldo científico en su concepción. Pero es evidente que su puesta en escena pública no ha sido la más afortunada. Tampoco parece valer la evidencia sobre coste-efectividad, puesto que, tal y como está enunciada, parece rendir más cuentas a los criterios economicistas que a las necesidades de médicos y pacientes.

La Comunidad Valenciana es una de las autonomías con mayores problemas presupuestarios del conjunto del SNS. Esta evidencia no debe convertirse en una excusa para legislar de espaldas al sector. El consejero Llombart debe escuchar a los agentes sanitarios e intentar amoldar su polémico algoritmo a las recomendaciones de médicos, farmacéuticos e industria, incorporando sus pareceres. La lucha contra el gasto y la necesidad de ahorro no es un problema exclusivo de la Administración sanitaria. Es una tarea conjunta que debe ser asumida y entendida por todos. Y en la que, cada uno en su responsabilidad, todos deben participar.