Amando Martín Zurro y Andreu Segura Benedicto
La parálisis perielectoral: un tributo inconveniente
Amando Martín Zurro es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria; y Andreu Segura Benedicto, epidemiólogo y especialista en Medicina Preventiva y Salud
Las convocatorias electorales –de las generales--suelen ir precedidas de un periodo preelectoral que, de acuerdo con la ley vigente, debe durar entre cincuenta y cuatro y sesenta días desde la convocatoria oficial. Tras la celebración, el plazo establecido para la conformación de las Cortes Generales -- el Congreso y el Senado-- es de 25 días como máximo. Y una vez constituido el parlamento, la investidura del presidente del futuro gobierno debe producirse en un período no mayor de dos meses, investidura que de no producirse comporta una nueva convocatoria electoral, algo que ya ha sucedido en varias ocasiones. Lo que refleja, al menos en parte, la aversión de las fuerzas políticas a la colaboración mutua, una característica que, llevada al extremo, puede poner en riesgo la propia supervivencia de la democracia. Porque el sistema requiere una adhesión, mínima si se quiere, pero firme, a las reglas del juego.
Pero volvamos al principio. Durante los períodos pre y postelectorales, hasta que queda investido el, desde entonces vigente, presidente del nuevo gobierno, el anterior sigue en funciones y lo que es todavía más importante, también lo hace la Diputación Permanente del Congreso, conformada por un mínimo de 21 diputados, cuya composición debe ser proporcional a la del pleno, las funciones más importantes del cual son atendidas por este órgano parlamentario. Una medida adoptada constitucionalmente para evitar una situación de absoluto desgobierno. Lo que no impide la relegación de la mayoría de iniciativas políticas, particularmente las de mayor relevancia.
Una parálisis que, en la práctica, se prolonga durante el período de constitución del nuevo gobierno, lo que en los tres últimos procesos en España ha oscilado entre los 4 meses de las de 2019 y los casi 7 de 2016. Claro que, como ya se ha dicho, desde que el presidente disuelve las cámaras, y hasta que toma posesión el nuevo gobierno, el anterior a las elecciones actúa “en funciones”, situación que implica limitaciones significativas de su capacidad legislativa y ejecutiva.
Además, hay que tener en cuenta, que el funcionamiento efectivo del nuevo gobierno no comienza con el nombramiento de los titulares de los distintos ministerios, sino que los nuevos responsables ministeriales deben conformar los nuevos equipos de altos cargos en una especie de “cascada” que se puede prolongar bastante.
Durante todo este tiempo de práctica parálisis en la toma de decisiones políticas relevantes, la vida sigue y los problemas pendientes de ser abordados se acumulan y, en muchos casos, se agravan más o menos intensamente.
En el caso de la sanidad, y según los datos proporcionados por la correspondiente consulta a Chat GPT, la convocatoria electoral actual ha dejado en suspenso el abordaje, entre otros, de los siguientes grupos de problemas y proyectos legislativos que afectan al conjunto del sistema sanitario español:
1-Listas de espera quirúrgicas y de pruebas diagnósticas y análisis de los desequilibrios territoriales existentes en este ámbito
2-Cambios en el modelo de la atención primaria y comunitaria y mejora de la accesibilidad, longitudinalidad, capacidad resolutiva y coordinación con otros niveles
3-Nuevos análisis de las necesidades de recursos humanos y de su marco laboral y/o estatutario
4-Desarrollo de la Agencia Estatal de Salud Pública
5-Reforma de la ley antitabaco
6-Ley de medicamentos y productos sanitarios
7-Ley de gestión pública del sistema nacional de salud
8-Ley de las organizaciones de pacientes
9- Ley sobre alcohol y menores
Nuestro Sistema Nacional de Salud, sujeto a tensiones crecientes en estos y otros muchos ámbitos, queda a la espera de un resultado electoral tras el que los proyectos citados pueden quedar definitivamente arrumbados o reiniciar su trayectoria con una orientación política diferente, incluso opuesta.
Los pilares de los sistemas en que se sustentan los estados de bienestar no pueden estar sometidos a convulsiones periódicas que pongan en riesgo la mejora de la cantidad y calidad de los servicios que se prestan a la población y aunque todos, ciudadanía y profesionales sanitarios, venimos obligados a respetar las reglas y plazos de nuestro sistema democrático no por ello hemos de dejar de insistir en la necesidad de que los distintos grupos políticos alcancen acuerdos básicos sólidos que garanticen la estabilidad y la paz social.
