Redacción Médica
25 de septiembre de 2018 | Actualizado: Martes a las 20:00
Viernes, 28 de febrero de 2014, a las 17:03
Redacción. Madrid
El debate abierto sobre el nuevo modelo de financiación autonómica ha escrito un nuevo capítulo. El encuentro mantenido por los presidentes de Extremadura, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia hace la semana pasada, se ha completado este viernes con una reunión de trabajo en la que han participado los consejeros de Hacienda de estas comunidades, a excepción de Catilla-La Mancha, y con la incorporación de La Rioja, de la que ha salido un documento de consenso que recoge los principios básicos que consideran que deben presidir las negociaciones del nuevo modelo de financiación.

De izquierda a derecha: el consejero de Economía y Hacienda de Extremadura, Antonio Fernández; la consejera de Hacienda y Sector Público de Asturias, Dolores Carcedo; el consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, José Luis Saz; la presidenta del Ejecutivo aragonés Luisa Fernanda Rudi; la consejera de Hacienda de Galicia, Elena Muñoz; la consejera de Administración Pública y Hacienda de La Rioja, María Concepción Arruga, y la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo.


Entre los puntos del documento destaca su petición de que el coste de la aplicación de la Ley de Dependencia se incluya en el modelo de financiación autonómica. Esta reivindicación no es nueva, y son varias las autonomías, más allá de las aquí reunidas, que han pedido medidas en este sentido. Hay que recordar que la prestación de las ayudas incluidas en la Ley de Dependencia se financian por tres vías: Estado, comunidad autónoma y copago del usuario, y las autonomías se han quejado amargamente de la infrafinanciación de la Ley, alegando en muchos casos que el Estado no ha cumplido su parte.

Incremento global de los recursos financieros

En todo caso, el punto de partida de sus reivindicaciones es que la reforma suponga un incremento global de los recursos financieros atribuidos a todas las comunidades. Para alcanzar este punto y poder garantizar la igualdad en el acceso a los servicios públicos consideran “preciso que la financiación de cada autonomía responda a los costes efectivos de la prestación de servicios”, para lo que es  necesario ampliar el peso que tienen otros aspectos como la extensión geográfica, la dispersión, la baja densidad de población o su envejecimiento, que en el modelo vigente sólo están reconocidas con un peso el 3 por ciento.

Así, han advertido que calcular las necesidades de gasto de cada autonomía para prestar servicios públicos (como la sanidad o la atención a la dependencia) no puede hacerse en función de la renta per cápita de cada autonomía. Además, entienden que ese cálculo tampoco puede hacerse atendiendo a criterios como el llamado principio de ordinalidad (una autonomía debe mantener el mismo lugar en el ranking por impuestos recaudados per cápita en su territorio que en el ranking por gastos per cápita efectuado posteriormente por el Estado en esa comunidad) u otras variables como los resultados de las balanzas fiscales, ya que consideran que en ningún caso determinan las necesidades de financiación de los servicios públicos esenciales en los distintos territorios.

Participación en la reforma fiscal

La declaración acordada recoge, asimismo, la necesidad de que la reforma del sistema de financiación autonómica esté coordinada con la modificación del sistema tributario que ha anunciado el Gobierno central. Esto se traduce en la conveniencia de que las comunidades tengan voz en la reforma fiscal, dada la relevancia de los recursos procedentes de los impuestos a la hora de garantizar su suficiencia financiera, ha informado la Consejería de Hacienda de Castilla y León en un comunicado.

En la misma línea, los consejeros han llamado la atención sobre el hecho de que es preciso tener en cuenta las implicaciones derivadas de la reforma local. El objetivo es que las modificaciones en la financiación autonómica y local sean simultáneas, asegurando el ajuste necesario en la financiación como consecuencia de la implantación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

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