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Frente común ante Montoro para conseguir que se reforme el sistema de financiación sanitaria

El Grupo de trabajo para analizar el efecto de la aplicación del actual sistema de financiación autonómico pondrá sobre la mesa la necesidad de un nuevo baremo que garantice la sostenibilidad de los servicios de salud

Miércoles, 05 de febrero de 2014, a las 19:03
Redacción. Madrid
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha puesto sobre la mesa la necesidad de ‘repensar’ el actual sistema de financiación autonómico. Para ello, ha constituido un Grupo de Trabajo con las comunidades autónomas que será el encargado de elevar su análisis al Comité Técnico Permanente de Evaluación para, una vez consensuado, indicar a Hacienda el camino a seguir para la reforma del sistema. Redacción Médica se ha puesto en contacto con varios gobiernos autonómicos para conocer su postura en lo que a financiación sanitaria se refiere.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El postura es común ante el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro: el sistema de financiación autonómica es insuficiente para garantizar los servicios básicos, el primero de ellos la sanidad, el que más gasto genera. En el actual modelo de financiación de las comunidades autónomas no se establece financiación específica para la sanidad; la consecuencia de la autonomía financiera es que las subvenciones estatales tienen un peso menor. Por tanto, no se pueden conectar de forma directa los ingresos que percibe la comunidad del Estado con los presupuestos del  servicio de salud.

Ninguna de las autonomías consultadas por este diario ha apostado firmemente por partidas finalistas que restringirían su capacidad de maniobra con los presupuestos regionales. Hasta ahora lo más parecido a esta opción es la dotación complementaria para la financiación de la asistencia sanitaria y de insularidad que reparte el Estado y que está en torno a los 650 millones de euros anuales, según los últimos datos publicados por este Ministerio (2010),. De ellos, Cataluña, Andalucía y Madrid captaban la mayor parte de los fondos debido a su mayor densidad demográfica (109, 103 y 82 millones, respectivamente).

Sin embargo, la mayoría de comunidades, incluso las que mayor parte reciben de esa distribución, no se encuentran conformes con esta subvención y piden que se redistribuya el peso de los factores en la cuantía final para atender la necesidad sanitaria real de sus ciudadanos. Las comunidades con una población más dispersa y envejecida (Galicia, Asturias, Castilla y León y Castilla-La Mancha, entre otras), son las que apuestan por dar mayor valor al envejecimiento y a la dispersión geográfica para dotar de mayor financiación a sus servicios de salud.

El envejecimiento “se puede objetivar con facilidad”

Estos factores, argumentan, “se pueden objetivar con facilidad” y tienen “un impacto indudable sobre el coste de provisión de la asistencia”, aseguran desde Castilla-La Mancha. Canarias va un paso más allá y afirma que la reducción de la calidad de su servicio de salud es consecuencia directa de esa mala distribución financiera.

“El Gobierno autonómico ha hecho frente estos años a esta deficiente financiación restando fondos de otras partidas del presupuesto para mantener estos servicios, además de no aplicar en su integridad los reales decretos que afectan a sanidad”, reconocen. En la misma línea, Canarias reclama una reforma del sistema que debe basarse, como principio general, en el refuerzo de los servicios públicos esenciales y en su suficiencia financiera.

Lasquetty, ‘víctima’ indirecta del sistema de financiación

Pero no solo las comunidades ‘pequeñas’ o las insulares se ven en serias dificultades para mantener sus servicios sanitarios con el actual sistema de financiación. Otras, como Cataluña o Madrid, ven igualmente en peligro sus servicios básicos por este motivo. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid reconoce a Redacción Médica precisamente el actual sistema ha propiciado que la región contara en 2013 con 2.700 millones de euros menos.

Este fue el principal motivo que esgrimió el entonces consejero Javier Fernández-Lasquetty para poner en marcha el Plan de Garantías para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario madrileño, que proponía entre otras medidas la externalización de la gestión de seis hospitales y que finalmente el Ejecutivo de Ignacio González ha dejado sin efecto.  El presidente de la Comunidad, Ignacio González, ha reiterado la necesidad de cambiar el sistema actual que considera “artificial, injusto e incoherente” y perjudicial para los intereses de Madrid.

C. Valenciana, Baleares y Murcia unen fuerzas

El resto de comunidades parecen querer hacer ‘la guerra por su cuenta’ y se desmarcan tanto de los objetivos individuales de las ‘grandes’ como de las reclamaciones sobre población envejecida y dispersión de las ‘pequeñas’. Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares han acordado trabajar de forma coordinada de cara al nuevo modelo de financiación autonómica.

La base de partida consensuada por las tres autonomías es la ruptura del ‘statu quo’ para que el nuevo modelo “más justo y equitativo, y menos opaco y discriminatorio” cubra los servicios básicos fundamentales (la sanidad destacada) “en igualdad de condiciones con el resto de comunidades y con independencia del nivel de renta”. Las comunidades tienen hasta el 7 de marzo para presentar sus análisis a Hacienda e iniciar el proceso de la tan ansiada reforma.