Redacción. Madrid
La Plataforma de Organizaciones de Pacientes suscribe las conclusiones del estudio realizado por los defensores del pueblo en el que denuncian los problemas de accesibilidad que actualmente los discapacitados, enfermeros mentales, menores e inmigrantes en situación irregular tienen en estos servicios.
El colectivo critica el “alto contenido técnico” de algunos modelos para la prestación de consentimiento informado; muestra el “escaso” avance que se ha producido en la incorporación estándares homologados de diseño y distribución de espacios, así como en dar valor a las propuestas planteadas por los profesionales de los propios servicios y representantes de los pacientes.
Además, consideran que el trabajo de los defensores del pueblo avisa que el establecimiento de dependencias en las que permanecen los pacientes en espera de hospitalización no deben considerarse un sistema “eficaz” porque la estancia allí de los enfermos con indicación de ingreso “perturba” la gestión del servicio.
“Valoramos y suscribimos todas las conclusiones del estudio y de forma más particular las que hablan del funcionamiento, estructuras y determinadas carencias en medios materiales y recursos humanos en las urgencias hospitalarias; sobre el impacto de esos servicios en la asistencia sanitaria y sobre las deficiencias existentes en los sistemas de información y coordinación entre los diferentes niveles asistenciales”, explica el presidente de esta plataforma, Tomás Castillo.
Asimismo, la organización recuerda que el derecho a la protección de la salud “está constitucionalmente reconocido, también en el ámbito de las urgencias hospitalarias, así como el derecho a la intimidad, a la dignidad personal y a la autonomía de cada paciente, así como le derecho a una información clínica veraz, completa y comprensible”.
“La saturación de los servicios de las urgencias hospitalarias genera reclamaciones, no tanto en lo relacionado con la asistencia sanitaria, sino con ámbitos que afecta a la dignidad de las personas y, en ocasiones, provoca problemas en lo relativo a la seguridad de los pacientes, un principio básico de garantía de calidad de la asistencia sanitaria”, según Castillo.
En esta línea, la plataforma ha mostrado su preocupación en las supuestas demandas que proceden de personas en situación de especial vulnerabilidad o con indicios de situaciones de riesgo o conflicto.
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