Exigen a la Administración que se suspenda cualquier iniciativa hasta que se establezca un diálogo con los médicos



15 ene. 2013 23:34H
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Javier Leo. Madrid

Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, y José Manuel Bajo Arenas, presidente de Facme.

La Organización Médica Colegial (OMC) y la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme) han elaborado un ‘Manifiesto ante el grave riesgo de deterioro irreversible de la sanidad pública española’ a raíz de las últimas reformas propuestas y ejecutadas en comunidades como la de Madrid. En el texto, al que ha podido acceder Redacción Médica antes de hacerse público, ambas organizaciones reclaman la renovación de algunos consejeros y responsables de la gestión de la sanidad pública para buscar gestores "capaces de enfrentar verdaderamente el conjunto de las reformas necesarias para el Sistema Nacional de Salud (SNS)” sin recurrir a las privatizaciones.

El manifiest exige que “los políticos que propugnan la privatización de la gestión de la sanidad hagan públicos los estudios sobre los que basan sus propuestas” con el fin de “someterlos al escrutinio de los agentes interesados. No se trata de una solicitud de información, sino una exigencia democrática”. “Existen alternativas”, subrayan, basadas en la autonomía de gestión clínica que “son, como mínimo, tan eficaces y eficientes” como transferir la gestión sanitaria a las empresas privadas y “son, sin duda, menos traumáticas de implantar”.

A este respecto, OMC y Facme opinan que las experiencias de gestión clínica en forma de áreas, institutos y unidades de gestión clínica y entidades de base asociativa (EBA), “si bien han supuesto avances notables en eficiencia, calidad y capacidad de organización, no han alcanzado plenamente sus objetivos principalmente por estar limitada su autonomía de gestión”.

Por este motivo, los médicos representados solicitan al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que, a pesar de la transferencia de las competencias, “garantice la equidad en el acceso a los servicios sanitarios públicos en todo el territorio nacional” a través del Consejo Interterritorial del SNS. “Llamamos a las administraciones públicas a un diálogo tan riguroso como urgente y solicitamos que se suspenda cualquier iniciativa hasta que este trabajo conjunto con la profesión médica establezca los caminos más apropiados para mejorar la eficiencia del sistema sanitario”, asevera el escrito.


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