El ahorro estimado a nivel estatal superaría por poco los 20 millones de euros, cuando se calcula que la vacuna evita más de 750 muertes anuales por cáncer de cuello de útero en España



24 jul. 2012 23:55H
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Redacción. Madrid
Los directores generales de Salud Pública de las 17 comunidades autónomas se han reunido este martes en la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para evaluar la aplicación de los últimos ajustes del Gobierno en los servicios sanitarios, así como para analizar nuevas medidas a corto y medio plazo que mejoren la eficiencia del Sistema Nacional de Salud (SNS). Fuentes consultadas por Redacción Médica aseguran que el tema más espinoso tratado en el seno de la comisión ha sido la propuesta de Andalucía de sacar de la financiación pública la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH).

Mercedes Vinuesa, directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación.

Según dichas fuentes, la comunidad andaluza se ha quedado sola a la hora de solicitar esta medida, rechazada por el resto de comunidades autónomas y por el Ministerio debido a la “más que probada” coste eficiencia de esta inmunización. Se calcula que en España se diagnostican cada año en torno a 2.200 casos de cáncer de cuello de útero (el segundo más frecuente en las mujeres tras el de mama) y que la introducción de las vacunas contra el VPH logran evitar la muerte de unas 750 mujeres españolas cada año. Mientras, el coste que supone para las arcas públicas la financiación de estas vacunas supera por poco los 20 millones de euros.

Las mujeres que deciden inmunizarse fuera de las edades contempladas por cada comunidad autónoma (oscila entre los 12 y los 14 años) deben pagar de su bolsillo cerca de 500 euros (165 euros por dosis, tres aplicaciones), mientras que la financiación pública logra un coste de 155 euros para las tres dosis. Las fuentes consultadas por este diario señalan a la mala cobertura contra el VPH lograda en los últimos años por Andalucía (en torno al 30% de la población diana, muy lejos del 90% alcanzado por Navarra o La Rioja), sumada a la estrechez de sus presupuestos, como el principal motivo en su insistencia por la desfinanciación, descartada hasta nuevo aviso.


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