20 nov 2018 | Actualizado: 12:50

Los pacientes terminales tienen derecho a rechazar una intervención

El BOE recoge esta norma que asegura cuidados paliativos en estos casos

Miércoles, 04 de marzo de 2015, a las 10:56
Redacción. Madrid
El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este miércoles la Ley 1/2015, de 9 de febrero, de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de la vida que recoge, entre otras cuestiones, que todos los individuos en situación terminal o de agonía tienen derecho a recibir cuidados paliativos integrales de calidad; además de a la retirada de una intervención, la cual deberá constar por escrito en la historia clínica y, en el caso de que no se pudiese firmar, lo hará otra persona que actuará como testigo.

En concreto, el texto recoge como cuidados paliativos “el conjunto coordinado de intervenciones sanitarias dirigidas, desde un enfoque integral, a la mejora de la calidad de vida de los pacientes y de sus familias, afrontando los problemas asociados con una enfermedad terminal mediante la prevención y el alivio del sufrimiento, así como la identificación, valoración y tratamiento del dolor y otros síntomas físicos y psicosociales”.
 
En virtud de esta norma, toda persona mayor de edad, capaz y libre puede formalizar su manifestación en el Registro de Manifestaciones Anticipadas de Voluntad en el ámbito sanitario, la cual se incorporará a la historia clínica, en los términos que reglamentariamente se determinen.

Por otro lado, los pacientes tienen derecho a recibir la atención idónea que prevenga y alivie el dolor, incluida la sedación si el dolor es refractario al tratamiento específico; además de a la administración de sedación paliativa. También tienen derecho a la intimidad personal y familiar y a la confidencialidad así como al acompañamiento.
 
Por su parte, los profesionales sanitarios que atiendan a los pacientes durante el proceso asistencial o les apliquen una intervención concreta también tienen obligación de facilitarles información clínica en función de su grado de responsabilidad y participación en el proceso de atención sanitaria.
 
La Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

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