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La ONU pide a España que reabra la Primaria a los inmigrantes

Magdalena Sepúlveda alerta de que el RD 16/2012 “refleja una percepción errónea del principio de no discriminación”

Martes, 29 de abril de 2014, a las 18:15
Redacción. Madrid
“Ha llegado la hora de que el Gobierno de España cambie de rumbo”, ha declarado la relatora especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Magdalena Sepúlveda, al reiterar su llamada a las autoridades españolas para que garanticen el acceso universal a la salud.

Magdalena Sepúlveda.

“España tiene obligaciones positivas en materia de acceso a la atención sanitaria, incluidas obligaciones para con los migrantes, independientemente de su situación jurídica”, ha recalcado Sepúlveda. La experta ha expresado sus preocupaciones en una carta enviada a las autoridades españolas en noviembre de 2013 con otros expertos en derechos humanos de la ONU, en la cual advirtieron que “los cambios adoptados por el Gobierno de España en 2012, que reducen el acceso al sistema de salud pública, no cumplen con las obligaciones de derechos humanos del país”.

La relatora especial de la ONU ha agradecido al Gobierno su exhaustiva respuesta a la carta, pero ha indicado que no estaba de acuerdo con sus argumentos y conclusiones. “Los principios básicos de derechos humanos no pueden ser ignorados a causa de las presiones fiscales”, ha subrayado la experta.

Sepúlveda ha advertido que  “el gobierno argumenta que el Real Decreto 16/2012 no es discriminatorio, porque trata la legalidad de residencia en el país y no el origen nacional. Este argumento refleja una percepción errónea del principio de no discriminación”. La experta ha incidido en el compromiso de las autoridades españolas de continuar la cobertura sanitaria para mujeres embarazadas y menores. Sin embargo, ha rechazado el argumento del Gobierno de que la atención sanitaria sigue siendo universal, pública y gratuita.

“Sin acceso a la atención primaria, se sobrecargan los servicios de emergencia  y se pone la salud pública en riesgo”, ha explicado. “Lo que es aún más importante, amenazar el derecho a la salud y a la integridad física tiene un enorme coste humano. Estas medidas son contrarias a las normas de derechos humanos”, ha explicado.

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