Sanidad defiende su gestión de un MIR 2026 "sin merma de derechos"

El Ministerio de Sanidad ha salido al paso de las acusaciones de la Asociación MIR España (AME) respecto a los fallos en los exámenes de Formación Sanitaria Especializada (FSE) 2026. El colectivo ha pedido al departamento una auditoría independiente del modelo, y aunque desde el ministerio asumen que los cambios administrativos implantados en esta convocatoria han generado más incidencias de las previstas, aseguran que ninguna de esas cuestiones ha afectado “a la validez del procedimiento” ni ha mermado “los derechos sustantivos” de los aspirantes. Además, niegan que se hayan anulado y/o modificado más preguntas que en la anterior convocatoria y remarcan el “notable descenso” de las solicitudes de impugnación respecto al año pasado, un 38,7 por ciento menos en toda la FSE y un 55,1 por ciento menos en el examen MIR. En cualquier caso, las mismas fuentes indican que ya se están haciendo los “análisis necesarios” para “identificar e implantar mejoras operativas”.

En el escrito remitido al Ministerio de Sanidad, desde AME denunciaban errores en el sistema de inscripción, retrasos en los plazos administrativos y en la publicación de los listados de aspirantes, e “incidencias materiales” en los exámenes. Todo ello ha generado, según el colectivo, “incertidumbre y potencial indecisión” entre los candidatos, además de “una pérdida de confianza en el sistema”. De ahí que hayan exigido la auditoría y la “depuración de responsabilidades políticas y administrativas” en caso de que sea necesario. “No se puede normalizar la improvisación ni la inseguridad jurídica en el mayor proceso selectivo del país”, indicó el presidente de AME, Jesús Arzúa, para justificar la petición.

Demoras administrativas por el nuevo modelo de inscripción MIR

Desde Sanidad aseguran que respetan “plenamente” el derecho de los aspirantes y los colectivos que los representan a solicitar transparencia en los procedimientos administrativos, pero aclaran que, en lo que respecta a la convocatoria y el desarrollo de las pruebas FSE de este año, “se han asegurado los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y seguridad jurídica”.

El ministerio reconoce que la implantación de nueva plataforma de inscripción y gestión, así como la adjudicación de “determinados contratos de apoyo técnico”, han generado “incidencias técnicas y ajustes de calendario superiores a lo inicialmente previstos”, tal y como ya trasladó a este periódico en enero, poco antes de que se celebraran las pruebas FSE. “El procedimiento de contratación pública está sujeto a trámites reglados que garantizan concurrencia y transparencia, lo que puede implicar mayores tiempos de gestión”, añade, y deja claro que ninguna de estas circunstancias guardan relación con los recientes cambios en la Dirección General de Ordenación Profesional.

En todo caso, subraya que dichas incidencias fueron identificadas y resueltas “progresivamente”, por lo que “no han afectado a la validez del procedimiento ni a los derechos sustantivos de los aspirantes”. “Se han respetado en todo momento los plazos legalmente previstos”, puntualiza. Aun así, indica que ya se está llevando a cabo un análisis técnico para “implementar mejoras operativas” en las próximas convocatorias.

Menos solicitudes de impugnación y sin aumento en anulaciones

En su escrito, AME también lamentaba que se hubieran cometido errores en el baremo académico, lo cual se tradujo en “incidencias masivas” de los aspirantes. Según Sanidad, la mayoría de esas reclamaciones tenían que ver con aportación “incompleta o incorrecta” de la documentación que se exigía. “En todo momento se han garantizado los plazos de subsanación previstos en la normativa, la posibilidad de interposición de recursos administrativos y la revisión individualizada de cada caso. El sistema ha funcionado y está funcionando conforme a los cauces reglados de revisión, permitiendo la corrección de errores formales sin merma de derechos”, dice el ministerio.

Sobre las incidencias materiales durante el examen, Sanidad defiende que fueron analizadas por las correspondientes Comisiones Calificadoras, “órganos colegiados formalmente designados” para ello “en los que participan profesionales y residentes de convocatorias previas”. “Cuando se consideró que alguna pregunta podía afectar a la correcta evaluación, se procedió a su anulación conforme al procedimiento reglado”, explica el ministerio, que destaca que “no se han anulado ni modificado más que en la anterior convocatoria”.

También señala que las solicitudes de impugnación se han reducido respecto a la convocatoria anterior. En toda la FSE, han caído de 41.815 a 25.636, un 38,7 por ciento menos, y la prueba MIR en concreto, han bajado de 27.591 a 12.382, un 55,1 por ciento. Este es, según Sanidad, “el número más bajo de solicitudes de impugnación de las últimas cuatro convocatorias”. De hecho, indica, es la primera vez que se baja de 21.000 solicitudes.

Medidas extraordinarias y "tutela administrativa efectiva"

El departamento valora, asimismo, las “medidas extraordinarias” que se tomaron para garantizar el desplazamiento de interventores a las sedes andaluzas de examen tras el accidente ferroviario en Adamuz. El hecho de fletar autobuses fue, según Sanidad, “una respuesta diligente ante una circunstancia imprevisible y sobrevenida”, por lo que no puede considerarse “en modo alguno” como “una deficiencia de planificación”, sino como “un mecanismo eficaz de contingencia para lo que se contó con la colaboración de la delegación de gobierno de Andalucía y subdelegaciones”. “La realización de la prueba FSE en todo el territorio es un proceso complejo que implica movilizar 66 delegados, 634 interventores y más de 1.200 vocales”, puntualiza.

El ministerio niega, por otro lado, que la posibilidad de que los aspirantes inicialmente no admitidos pudieran hacer el examen mientras se resolvían sus recursos de alzada contra el listado definitivo de admitidos generara inseguridad jurídica. Lejos de ello, asegura, “esta medida permitió salvaguardar el derecho a la tutela administrativa efectiva, evitar perjuicios irreparables en caso de estimación posterior del recurso y compatibilizar el calendario del proceso con el ejercicio del derecho de revisión”.

Finalmente, Sanidad recuerda que en esta convocatoria se han retomado las auditorías docentes “como instrumento de evaluación y mejora del desarrollo de la FSE en los centros acreditados”. Por ahora, recuerda, lo que se ha hecho es comenzar con un proyecto piloto con el objetivo de que se extienda progresivamente “tras su análisis técnico”. En cualquier caso, el ministerio dice compartir “la importancia de la transparencia y de la participación de los representantes de los residentes”, a los que invita a “reforzar los canales de interlocución técnica para avanzar conjuntamente en el fortalecimiento del sistema”.