El Tribunal de Cuentas culpa a las comunidades autónomas de las demoras en dependencia

Carlos Cristóbal. Madrid
Las comunidades autónomas tiene mucho trabajo por delante en pos del correcto funcionamiento del sistema de dependencia. Así lo señala el informe emitido al respecto por el Tribunal de Cuentas, del que se puede destacar que la demora en la resolución de reconocimientos de las prestaciones supera en más de dos  meses los seis estipulados como máximo.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato (en el centro, de azul), junto a los consejeros y altos cargos ministeriales antes de comenzar la reunión del Consejo Territorial del SAAD.

La normativa vigente prevé un plazo máximo de seis meses para dar a conocer el resultado de las solicitudes de prestaciones para ayuda a la dependencia. No obstante, la media en 2013 se sitúa en 246 días, superando en algo más de dos meses lo estipulado. Especialmente significativos los casos de Andalucía, Principado de Asturias, Comunidad Valenciana y Asturias, que se van por encima de los 300 días para ofrecer un resultado.

En este sentido, el tribunal destaca que “se ha constatado que algunas CCAA no efectúan el reconocimiento de la prestación hasta que disponen de crédito presupuestario para hacerla efectiva” calificando el incumplimiento de los plazos como “una de las grandes debilidades del sistema”.

Al final del año 2013 el número de personas a la espera de percibir prestación por dependencia ascendía a 190.000 personas. En el ámbito autónomico, Andalucía se presenta como la que cuenta con más afectados con más del 28 por ciento del total (53.981). En el lado opuesto se encuentra Castilla y León, que ha conseguido que dicha tasa siquiera llegue al dos por ciento total.

Otro de los puntos abordados en el informe, que se hace de los 3.679 millones de euros destinados por la Administración General del Estado (AGE) a las prestaciones por dependencia, es la disparidad entre las diferentes CCAA en la valoración de la capacidad económica de los beneficiarios, lo que considera “contrario al principio de igualdad”, que rige el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Del mismo modo, destaca las enormes diferencias en la aportación estatal y autonómica en el presupuesto total de cada comunidad. Así, mientras en Madrid el estado aporta el 27 por ciento, en la Comunidad Valenciana se hace cargo del 86.

Además de la homogeneización de la normativa y la reducción de la espera para la resolución de prestaciones, el Tribunal de Cuentas pide a las comunidades una mayor implicación en la actualización del Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia (Sisaad), a fin de facilitar la planificación presupuestaria del Imserso.

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