El PSOE va más allá del Pacto por la Sanidad y pide uno del Bienestar

Redacción. Madrid
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado ya una batería de 24 iniciativas -10 proposiciones de ley y 14 proposiciones no de ley-. Entre ellas, hay varias referidas a asuntos sanitarios. Una de ellas se refiere a la creación de un pacto del Estado de Bienestar con las comunidades autónomas, que incluiría una carta de derechos, prestaciones y servicios sociales básicos con la definición de mínimos para todo el territorio y plenas garantías de tales derechos básicos en educación, sanidad y servicios sociales, incluida la dependencia.

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, José Antonio Alonso.

La proposición no de ley socialista insta también al Gobierno a establecer un suelo social para los gastos en educación, sanidad y servicios sociales, “que garantice que el nivel del gasto per capita se mantendrá en los periodos de ajuste fiscal y podrá crecer en los periodos de expansión.

Otra de las proposiciones no de ley hace referencia al copago. El PSOE solicita que se rechace el copago y se eviten medidas de recorte en las prestaciones sanitarias, “así como cualquier fórmula relacionada con la instauración del copago en el Sistema Nacional de Salud”.

El Grupo Parlamentario Socialista también ha registrado una proposición no de ley en la que apuesta por “mantener y cumplir el actual calendario de implantación del sistema de dependencia”.

Asimismo, quiere que el Gobierno “mantenga y cumpla el baremo actual del sistema de dependencia que fue acordado en el Consejo Territorial de Dependencia. En esta proposición no de ley, el PSOE solicita al nuevo Ejecutivo que convoque a los grupos parlamentarios en el plazo de un mes para “poner en común los retos del sistema”.

Otra de las iniciativas es la proposición de ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida. Según el PSOE, esta iniciativa da respuesta a los interrogantes éticos y jurídicos sobre las respuestas que la sociedad y la ciencia, la medicina y los profesionales sanitarios y, por supuesto, las administraciones y los poderes públicos, han de dar a un número creciente de procesos terminales, degenerativos e irreversibles, dolorosos y comprometedores de la dignidad personal de quienes lo sufren.

Para el Grupo Socialista es conveniente “regular, con un suficiente grado de certeza y precisión, los derechos de la persona en el proceso del final de la vida”. La presente norma, según el grupo, “atiende a dicho objetivo y lo hace partiendo de una inequívoca afirmación y salvaguarda de la autonomía de la voluntad de los pacientes, y con el claro propósito de propiciar el mayor alivio posible de su sufrimiento físico, psíquico y moral”.