Insta al Gobierno a desarrollar ocho medidas para mejorar la calidad de vida de este colectivo



18 sept. 2015 16:19H
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Redacción. Madrid
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una Proposición No de Ley sobre la situación y las necesidades actuales sanitarias, asistenciales y de investigación de los afectados por el síndrome del aceite tóxico (SAT) para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara Baja.

José Martínez Olmos.

El principal grupo de la oposición insta al Gobierno a desarrollar ocho medidas para mejorar la calidad de vida de este colectivo, infectado por aceite de colza adulterado en mayo de 1981, y que ya ha afectado a más de 20.000 personas, de las cuales, 2.500 han fallecido.

En concreto, piden crear un órgano específico para dirigir y vigilar la respuesta integral para estos afectados; establecer un programa médico-social actualizado, en coordinación con los organismos de la Administración; actualizar la investigación del Instituto Carlos III, acompañado de una unidad propia de técnicas médicas alternativas; incluir esta patología dentro del Registro de Enfermedades Raras; y activar la coordinación de la Unidad de Gestión de Prestaciones Económicas y Sociales con las áreas de servicios sociales autonómicos.

Asimismo, pide incluir la enfermedad en un programa de investigación sanitaria como garante de conocimiento y posterior tratamiento; informar periódicamente por correo postal de las direcciones, asistencias y cuantas modificaciones se realicen; así como celebrar unas Jornadas Médico Científicas sobre el SAT.

“La realidad se sitúa prioritariamente en el desconocimiento que todos tienen sobre recursos médicos especializados, con unidades centralizadas de esa atención y asistencia social que solucionen las dolorosas y dramáticas situaciones que aún persisten”, explica la iniciativa socialista. “Fueron muchos los menores y personas, prioritariamente mujeres, que fueron afectadas y nunca habían desarrollado vida en su curso futuro y con particularidades únicas. Personas que siguen en situación de incapacidad para desarrollar un trabajo, que no reciben la pensión no contributiva a la que es de justicia y solidaridad social hacer frente, teniendo en cuenta, además, que no significaría un coste demasiado importante”, remarca.

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