Redacción Médica
18 de julio de 2018 | Actualizado: Miércoles a las 14:55

El PSIB critica la ‘rebaja’ en la exigencia de calidad al sector de la sanidad privada

Los socialistas acusan al Ejecutivo de realizar los cambios bajo la supuesta presión de la sanidad privada

Domingo, 08 de marzo de 2015, a las 17:00
Redacción. Palma de Mallorca
El PSIB ha denunciado que el Govern ha rebajado los niveles de calidad exigibles a los centros sanitarios privados que quieran establecer un concierto con el Servicio de Salud de Baleares (Ib-Salut), al rebajar de requisito a mérito que estos centros tengan acreditación sanitaria de nivel I.

Thomàs.

El portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista, Vicenç Thomàs, ha asegurado que con la modificación aprobada ayer por el Consell de Govern, la Conselleria de Salud "no ha escuchado las observaciones esenciales que unánimemente suscribió el Consejo Consultivo de Baleares, que consideraba inadecuada la rebaja de las garantías de calidad y el cambio de valoración de los criterios de acreditación de los centros sanitarios en Baleares".

Thomàs ha achacado el cambio a que el Govern del PP "aprovecha los últimos meses de su mandato para plegarse y acceder a cumplir las demandas y presiones del sector sanitario privado de Baleares", en detrimento de la garantía de calidad que el propio ejecutivo se marcó en 2012 y "en contra de los intereses de los pacientes", ha informado el PSIB en un comunicado.

Según el diputado, el decreto aprobado ayer modifica el de junio de 2012 en dos cuestiones: elimina el requisito de nivel I para los centros sanitarios que deban concertar con el Ib-Salut y establece que será un mérito. La modificación reglamentaria también afecta a los Hospitales Generales públicos y privados que se quieran vincular a la red pública de salud.

Thomàs ha advertido de que además "se les concede una prórroga hasta 31 de diciembre de 2018 para cumplir con las acreditaciones legales, cuando este período había terminado a 31 de diciembre de 2014", lo que supone "una relajación de la normativa en vigor que en realidad afecta a la calidad de los servicios que deben recibir los ciudadanos al ser atendidos en estos centros concertados con la sanidad pública.