Redacción Médica
19 de septiembre de 2018 | Actualizado: Martes a las 19:05
Miércoles, 16 de enero de 2013, a las 23:34

consejo territorial de dependencia
GOBIERNO Y AUTONOMÍAS PROFUNDIZAN EN LA REFORMA DE LA LEY DEL MES DE JULIO
Un nuevo Real Decreto unificará toda la normativa sobre prestaciones del Sistema de Dependencia
Un informe del Tribunal de Cuentas revela que cerca de 30.000 fallecidos recibían ayudas

Enrique Pita / Imagen: Diego S. Villasante. Madrid
El primer Consejo Territorial en el que las políticas de servicios sociales y dependencia se debatían en conjunto, una medida que según ha explicado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, se toma para agilizar la gestión y ahorrar tiempo y medios y es un paso en la dirección de la creación de un espacio sociosanitario, ha dado muestras, una vez más, de la polarización de la vida política española. Por un lado, las autonomías gobernadas por el PP se han mostrado satisfechas con las novedades aprobadas, que van en la línea de la reforma de la Ley de Dependencia aprobada en el mes de julio, y por otro, las comunidades con gobierno del PSOE, que acusan al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de estar dando pasos hacia “paralización” de la ley.

Foto de familia previa al comienzo del Consejo Territorial de Dependencia, con la ministra Ana Mato, en el centro, y representantes del ministerio y las comunidades autónomas.


La decisión que ha generado más polémica con las autonomías socialistas ha sido la que unifica toda la normativa sobre las prestaciones del Sistema de Dependencia, que ahora quedarán recogidas en un único decreto. Así, la regulación de los distintos servicios y prestaciones por grado de dependencia, las cuantías máximas de las prestaciones o los criterios de valoración aparecen ahora en la misma norma. Además, ha insistido la ministra, “se recoge, tal y como ya recogía la ley, la excepcionalidad de la prestación por cuidados en el entorno familiar”. Es en este punto donde ha habido mayor polémica. Según han denunciado la consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, y la consejera asturiana de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, esta modificación pasa a considerar servicios lo que antes eran prestaciones económicas, con excepción de la ya mencionada para el cuidado en el entorno familiar, con lo que, según su parecer, se avanza hacia la privatización de la atención a personas dependientes, extremo este que ha negado la ministra, asegurando que estas medidas van en la dirección de hacer sostenible el sistema.

Ana Mato ha comparecido tras el Consejo Territorial rodeada de altos cargos de su Ministerio.

Por otra parte, en declaraciones tras el Consejo Territorial, Ana Mato ha explicado la otra medida estrella aprobada. Según ha señalado, durante los próximos seis meses las autonomías y el Ministerio trabajarán para homogeneizar los datos del Sistema de Dependencia, actualizando la base de datos. Mato ha asegurado que esta medida se adopta para dotar de mayor transparencia al sistema, “dotándolo de datos más fiables”. El objetivo es “establecer unas certificaciones para saber en qué se usa el dinero público que se dedica a la atención a personas dependientes”. En este sentido, durante el encuentro ha planeado un informe del Tribunal de Cuentas que se encuentra en fase de alegaciones que, según ha explicado el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, revela que “en el cruce de los datos entre autonomías e Imserso se han detectado hasta 30.000 fallecidos contabilizados que obviamente no debían estarlo. Esto significa que el sistema ha gastado 140 millones de euros que perderá”.

Además, la ministra ha hecho balance del año 2012 en materia de dependencia y ha asegurado que las medidas que se adoptaron en el Consejo Territorial del Sistema de Dependencia del mes de julio han servido para hacer un modelo más equitativo y en el que prime la atención a quien más lo necesita. Así, ha señalado que el Sistema de Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia acabó 2012 con algo más de 75.000 personas menos en la lista de espera y ha afirmado que hubo más de 129.000 altas en el sistema, frente a las 110.000 bajas aproximadamente que se produjeron. “Las reformas están deparando un modelo sostenible, más transparente y equitativo y que ofrece una mejor atención y más profesional”, ha concluido.

María Jesús Montero: “El Gobierno quiere dar un ticket al ciudadano para que este se busque la vida”

La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social ha mostrado su malestar antes del encuentro. Según ha señalado, el principal problema del SAAD pasa por el descenso de la financiación de la ley que ha decidido el Gobierno central. “Hoy por hoy las autonomías no pueden compensar la pérdida económica que supone la disminución de la financiación que aportaba el Estado”, ha explicado, y ha asegurado que “estamos haciendo un esfuerzo por no retirar recursos, porque si lo hiciéramos, como ha hecho el Gobierno central, se haría inviable el desarrollo de la Ley”. Respecto a las medidas acordadas, ha criticado los cambios en los servicios y prestaciones que marca la reforma auspiciada por el Ministerio. “Se observa que la pretensión del Gobierno es que la ley se desarrolle con una especie de ticket que se le da al ciudadano, con una cuantía económica, y que las personas se busquen la vida para concertar una residencia, una ayuda a domicilio o cualquier otra prestación”, ha asegurado.

José Ignacio Echániz: “Conseguiremos un sistema útil, bueno y sostenible”

“Vamos a intentar poner orden en un sistema que se creó de forma desordenada, deslavazada, con poco rigor y que está dando más problemas que satisfacciones”, ha asegurado el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, que ha mostrado su confianza en que “con estas reformas conseguiremos un sistema útil para los españoles, bueno para los dependientes y, sobre todo, sostenible en el tiempo”.

José Ignacio Echániz, consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha.

Neus Munté, consejera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña.


Esther Díaz: “Se está produciendo una clara orientación hacia la privatización de servicios”

Por su parte, la consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias, Esther Díaz, ha asegurado que lo que se ha planteado es “una modificación de la ley por vía de real decreto que con una argucia léxica se pasan las prestaciones económicas a servicios excepto la maldición que ha recaído sobre la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que sigue teniendo la consideración de prestación económica”. “Lo que se produce es una clara orientación hacia la privatización de servicios”, ha señalado, y ha criticado que el Ministerio “está aplicando el rodillo de la mayoría absoluta”.

Neus Munté: “La Ley está mal orientada desde el primer momento”

En su debut en un Consejo Territorial del SAAD, la recién nombrada consejera de Bienestar Social y Familia de Cataluña, Neus Munté, ha recogido el testigo de su predecesor, Josep Lluis Cleries, y ha señalado que “desde el primer momento Cataluña ha considerado que esta era una ley mal orientada desde el punto de vista competencial y de su financiación”. En este sentido, ha reclamado que el Estado cumpla con sus obligaciones a la hora de financiar los programas de dependencia. “La Ley de Dependencia generó grandes expectativas pero con el tiempo que ha generado grandes frustraciones”, ha concluido.

Milagros Marcos: “Es una apuesta decidida por la prestación de servicios de calidad”

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Milagros Marcos, se ha felicitado porque “por primera vez se atiende una demanda histórica de nuestra región, que es que desde la Administración Central del Estado se aporte más financiación a aquellas prestaciones que suponen un mayor esfuerzo presupuestario para las autonomías como son los servicios profesionales”. “Esta es una apuesta decidida por la prestación de servicios de calidad y la creación de empleo”, ha señalado.

La ministra Mato (izquierda), conversa con el consejero de Salud y Servicios Sociales de La Rioja, José Ignacio Nieto (de frente); el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz (de espaldas), y la consejera de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, Asunción Sánchez Zaplana.


En la fotografía de la izquierda, el consejero de de Empleo y Políticas Sociales del País Vasco, Juan María Aburto, y la consejera de Bienestar Social de Cataluña, Neus Munté. A la derecha, el consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Jesús Fermosel, y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Milagros Marcos.


En la fotografía de la izquierda, el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdadad, José Manuel Moreno (izq.); el director general del Imserso, César Antón, y la ministra Ana Mato. En el centro, la secretaria general de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Pilar Farjas, y el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del ministerio, Ignacio Tremiño.


De izquierda a derecha: el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia de Aragón, Ricardo Oliván; José Ignacio Echániz, consejero de Castilla-La Mancha, y la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda de Canarias, Inés Rojas.


En la fotografía de la izquierda, la consejera de Salud y Bienestar Social de Andalucía, María Jesús Montero (izq.) y la consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias, Esther Díaz. A la derecha, la ministra Ana Mato conversa con la consejera de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia, Beatriz Mato.


A la izquierda, José Ignacio Nieto, la consejera de María José Sáenz de Buruaga, consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Cantabria (en el centro) y la consejera murciana de Sanidad y Política Social, María Ángeles Palacios. En el centro, el consejero de Salud, Familia y Bienestar Social de Baleares, Martí Sansaloni. A la derecha, el consejero de Salud y Política Social de Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrón.