El ministro se explica después de que el Ejecutivo diera marcha atrás a esta normativa, por la falta de consenso que genera entre el sector y la cercanía de las elecciones generales



02 jun 2015. 13.56H
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Cristina Alcalá / Redacción. Madrid
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha posicionado sobre el anteproyecto de ley de Colegios y Servicios Profesionales, después de que fuera el propio Gobierno el que echara para atrás su publicación. “No hay una decisión final”, ha expresado el dirigente ‘popular’, durante su intervención en la Asamblea Ordinaria de Unespa de este martes.

Rafael Catalá, ministro de Justicia.

En este sentido, Catalá afirma que el Ejecutivo lleva trabajando en este proyecto “durante toda esta legislatura”, intentando impulsar “un sistema transparente y de garantías de la calidad del ejercicio profesional en España”. Sin embargo, reconoce que la falta de consenso con las profesiones colegiadas, entre ellas las sanitarias, ha imposibilitado que la normativa vea la luz antes de que finalice esta legislatura. “Sería ilógico que una reforma en una materia, en este caso, de los colegios profesionales, se aprobase sin contar con la colaboración de estas entidades. Y eso es lo que estábamos buscando, el máximo nivel de consenso para aprobar la tramitación de la ley o dejarla ya fuera de esta legislatura”, ha remarcado.

De hecho, los propios colegios sanitarios darían la espalda a la normativa, tal y como está planteada, por varios puntos como la libre elección del lugar donde darse de alta en un colegio, la eliminación de las tarifas de inscripción y el límite de las cuotas a 20 euros mensuales, el intervencionismo del Estado en caso de “mal funcionamiento” del colegio o, el punto más polémicos de todos, el régimen de incompatibilidades que obliga a los representantes sanitarios a no simultanear cargos colegiales con puestos en mutuas, sindicatos o partidos políticos, entre otros.

El Gobierno retiró la normativa hace dos meses

Por eso, ante este simultáneo rechazo, la propia secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, fue la encargada de anunciar que el Gobierno retiraba la Ley de Colegios, para no verse afectado por la controversia de cara a las próximas elecciones generales, previstas para noviembre.

El Ministerio de Economía y Competitividad, encargado de impulsarlo, decidió aplazar sine die la normativa hasta no contar con la evaluación de la Comisión Europea, a pesar de reconocer, la “enorme presión” de las instituciones comunitarias para que sacara la nueva ley adelante. Sin embargo, hace un par de semanas era el propio Catalá el que se ofrecía a liderar la nueva redacción de la Ley de Colegios tras el fracaso de Luis de Guindos.

“La Ley de Servicios Profesionales, tal y como estaba redactada, planteaba más problemas que resolvía y un Gobierno está para resolver problemas, por lo que no hemos tenido ningún empacho en parar su tramitación para seguir dialogando y colaborando con los colegios profesionales”, expresaba el ministro de Justicia a finales de mayo. Una afirmación que ha reiterado en esta jornada: “Actualmente tenemos, prácticamente, 40 proyectos de ley en el Parlamento y la carga legislativa para acabar las reformas en esta legislatura es ya de por sí muy importante”.

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