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Batalla dentro del Gobierno por la Ley de Colegios Profesionales

De Guindos quiere cumplir con lo ordenado por la troika, Catalá aboga por volver a sacar a consulta el anteproyecto mientras que en el seno del partido temen cualquier paso legislativo que les pueda restar votos de cara a las elecciones de 2015

Viernes, 31 de octubre de 2014, a las 14:43
Javier Leo. Madrid
La futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales amenaza con convertirse en una reforma fallida como ya lo ha sido la del aborto. Según fuentes cercanas al anteproyecto consultadas por este diario, el Gobierno vive estas semanas una confrontación interna con tres bandos claramente diferenciados, a favor y en contra de su publicación, y agrupados en los ministerios de Economía, Justicia y Presidencia.

El ministro de Economía, Luis de Guindos; el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; y el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

A favor de la aprobación temprana de la ley se encuentra el departamento de Economía y Competitividad. Su titular, Luis de Guindos, lleva prácticamente toda la legislatura recibiendo ‘puyas’ y presiones por parte de la troika (Banco Mundial, FMI y Comisión Europea) y el Ecofin (Consejo de Asuntos Económicos y Financieros del Consejo de la UE) para sacar adelante la reforma y hacer más flexible los sectores regulados por la colegiación.

En la práctica totalidad de los informes de estos dos grupos se menciona explícitamente la necesidad de la nueva ley cargando sobre los hombros de De Guindos la responsabilidad del retraso. Sin embargo, el titular de Economía no solo cuenta con la oposición de gran parte del sector colegial a varios puntos de la reforma (las incompatibilidades son el principal caballo de batalla de los sanitarios), sino también con agentes dentro del propio Gobierno que no le están allanando el camino precisamente.

Se trata principalmente de dos facciones: una la encabezada por el partido en el Gobierno, en línea directa con Presidencia, que ve en la reforma un sinónimo de pérdida de votos; y otra nueva liderada por el recién nombrado ministro de Justicia, Rafael Catalá, que aboga por volver a sacar el proyecto a consulta. En el aparato político del PP no quieren ni oír hablar, a un año vista de dos citas electorales (autonómicas y municipales en mayo y generales en noviembre de 2015), de medidas de calado que puedan levantar polvo.

Miedo a perder un millón de votos

Según las citadas fuentes, la consigna desde la calle Génova es clara: hay que agotar la legislatura sin grandes aspavientos. Por lo tanto, la posibilidad de soliviantar a un millón de profesionales no cuenta con el beneplácito de los populares. Catalá es la principal novedad en esta partida de tres o más jugadores. En su carrera ascendente, el sucesor de Alberto Ruiz Gallardón ha estado muy cerca de los colegios, también de los sanitarios (fue director general de la Función Pública del 96 al 99 y gerente del Hospital Ramón y Cajal en 2004 y 2005).

Es por ello que varios de los sectores afectados han llamado a su puerta para pedir que se les vuelva a conceder audiencia y se tengan en cuenta sus alegaciones para, o bien devolver la reforma al cajón de Economía, o bien conseguir a través de las enmiendas parlamentarias que se atiendan sus principales reivindicaciones. Catalá se ha mostrado dispuesto a interceder equilibrando fuerzas entre el sí y el no para reabrir el debate sobre una reforma que todavía no cuenta con los apoyos políticos necesarios para ver la luz antes de 2015.

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